De: Carlos D. PEREZ - REDH [cperez@internet.com.uy]
Envoyé: jeudi 7 avril 2005 10:14
À: info@correodelsur.ch
Objet: [REDH] Aportes recibidos al 07.04.05
REDH - Red Solidaria por los Derechos Humanos

:: MISA POR OLGA AREDEZ

1.1.- INVITACIÓN A LA MISA EN MEMORIA DE OLGA ARÉDEZ

Enviado por Ricardo Aredez

:: COLOMBIA

2.1.- PLATAFORMA DE COOPARTES TERRE DES HOMMES. SOLIDARIDAD CON JUSTICIA Y PAZ.

Enviado por Red Juvenil

2.2.- EL OBSERVATORIO - COLOMBIA: DESAPARICIONES Y AMENAZAS EN CONTRA DE MIEMBROS DE JUSTICIA Y PAZ

Enviado por Observatoire

2.3.- VIDA Y LIBERTAD A LOS 5 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE JUSTICIA Y PAZ

Enviado por PRENSA COLECTIVO

2.4.- [DDHHCOLOMBIA] DESPLAZAMIENTO MASIVO COMUNIDAD DE PAZ

Enviado por Corporación Jurídica Libertad

:: ARGENTINA

3.1.- REPRESION EN COMODORO RIVADAVIA

Enviado por Maia Doblack

3.2.- ARGENTINA / INCONSTITUCIONALIDAD DE INDULTOS

Enviado por Cristina Mihura

3.3.- BARILOCHE: CASO GILIO FORO Y ADHESIONES, PRENSA CARTAS DE LECTORES

Enviado por Laura Alves

3.4.- SOLIDARIDAD CON DEFENSORES DE OFICIO

Enviado por Gabriel Ganon

:: DEUDA EXTERNA

4.1.- CANJE DE DEUDA POR EDUCACION

Enviado por Rina Bertacini

4.2.- [DIALOGO 2000 AR] DIPUTADOS NACIONALES DENUNCIAN QUE EN ELCANJE DE DE ...

Enviado por DIALOGO 2000

:: EL SALVADOR

5.1.-EL SALVADOR/ DESAPARECIDOS / EL GOBIERNO DEBE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH

Enviado por Cristina Mihura

5.2.- EL SALVADOR/ DESAPARECIDOS / CIDH NOTIFICA SENTENCIA Y ORDENA NO APLICAR LEY DE AMNISTIA

Enviado por Cristina Mihura

5.3.- EL SALVADOR/ DESAPARECIDOS / EL SALVADOR OBLIGADO A CUMPLIR SENTENCIA DE LA CIDH

Enviado por Cristina Mihura

5.4.- [IGLESIA-PUEBLO] CARTA ABIERTA A ROMERO, POR CASALDÁLIGA

Enviado por Cristian@s de Base

:: MEXICO

6.1.- [DDHH] TORTURA: PRACTICA COMUN.

Enviado por FrayBa - comunicación

6.2.- CARTA AL MUNDO DE ANTONIO CEREZO P.P. EN MEXICO

Enviado por rojas oriana

:: PERU

7.1.- REGALA TUS PALABRAS-PRESO PERU

Enviado por Red Acciones Urgentes, Amnistia Internacional

7.2.- POR JUICIO JUSTO A POLAY CAMPOS

Enviado por Rina Bertacini

:: URUGUAY

8.1.- REPU 6-4-05, CRÍMENES MICHELINI-GUTIÉRREZ RUIZ: PIDEN INDAGAR Y PROCESAR A BORDABERRY Y BLANCO

Enviado por Alberto Hein Picó

8.2.- EL PAIS, 5-4-05, DIFERENCIAS ENTRE TÉCNICOS DE LA UNIVERSIDAD POR LAS EXCAVACIONES

Enviado por Alberto Hein Picó

^^^ Arriba

:: Misa por Olga Arédez

1.1.- FW: INVITACIÓN A LA MISA EN MEMORIA DE OLGA ARÉDEZ

Enviado por Ricardo Aredez

Fecha de Envío: Miércoles, 30 de Marzo de 2005 11:27 a.m

17 de Abril de 2005

Al cumplirse el 1º mes del fallecimiento de Olga Márquez de Arédez ( Fundadora de Madres de Detenidos - Desaparecidos del Departamento Ledesma - Jujuy), invitamos a acompañarnos el Domingo 17 de Abril a las 11:00 hs. para Celebrar la Vida de Olga en la Iglesia de la Santa Cruz, Estados Unidos esq. Gral. Urquiza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hijos, Familiares y Amigos

Ricardo Ariel Arédez

raredez@mail.fsoc.uba.ar
ricardoaaredez@yahoo.com.ar

Rogamos amplia difusión

ARRIBA ^^^

:: Colombia

2.1.- PLATAFORMA DE COOPARTES TERRE DES HOMMES. SOLIDARIDAD CON JUSTICIA Y PAZ.

Enviado por Red Juvenil

Fecha de Envío: Martes, 05 de Abril de 2005 12:44 p.m.

LA PLATAFORMA COLOMBIANA DE COOPARTES DE TERRE DES HOMMES ALEMANIA, EXPRESA SU SOLIDARIDAD Y APOYO A LAS SOLICITUDES QUE JUSTICIA Y PAZ COMO MIEMBRO ACTIVO DE ESTA PLATAFORMA HACE AL GOBIERNO COLOMBIANO Y SU EJÉRCITO, A LOS GRUPOS PARAMILITARES Y A LA GUERRILLA DELAS FARC:

1. EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANOS EN CUALQUIER CASO, INDEPENDIENTEMENTE
DEL RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN O DESAPARICIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, POR RAZONES HUMANITARIAS, QUE NO SE DESARROLLEN OPERATIVOS MILITARES DE RESCATE, LOS QUE PONDRÍAN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

2. EXIGIMOS AL SECRETARIADO DE LAS FARC, MANIFESTAR PÚBLICAMENTE A TRAVÉS DE SUS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SI ELLOS HAN O NO RETENIDO A LOS INTEGRANTES DE NUESTRA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ . SI ELLOS SON LOS RESPONSABLES LIBEREN INMEDIATAMENTE A LOS 5 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

3. EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO TRAVÉS DE LA VICE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE PAZ Y A LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA OEA CORROBORAR O NO LA RESPONSABILIDAD DE “CIVILES” DE LA ESTRATEGIA PARAMILITAR EN LA RETENCIÓN O DESAPARICIÓN DE LOS INTEGRANTES DE JUSTICIA Y PAZ.

4. SOLICITAMOS A LOS ORGANISMOS HUMANITARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES CONFORMAR UNA COMISIÓN HUMANITARIA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA REGIÓN PARA INICIAR LA BÚSQUEDA Y LOGRAR LA LIBERTAD DE LOS RETENIDOS O SECUESTRADOS DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

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2.2.- EL OBSERVATORIO - COLOMBIA: DESAPARICIONES Y AMENAZAS EN CONTRA DE MIEMBROS DE JUSTICIA Y PAZ

Enviado por Observatoire

Fecha de Envío: Lunes, 04 de Abril de 2005 02:50 p.m.

ACCIÓN URGENTE - EL OBSERVATORIO

COL 005 / 0405 / OBS 021
Detención ilegal y presunta desaparición forzada / Amenaza de muerte
COLOMBIA
4 de abril de 2005

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos
(FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha sido informado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la presunta detención ilegal y desaparición forzada de cinco integrantes de la Comisión Justicia y Paz y sobre nuevas graves amenazas recibidas por la misma.

De acuerdo con las informaciones, el 1 de abril de 2005, hacia las 13h50 de la tarde se recibió en la sede de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Bogotá una llamada telefónica en la que se informaba sobre la retención y/o desaparición de los defensores de derechos humanos, integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, Sres. Enrique Chimonja, teólogo y filósofo; Johana López, antropóloga; Edwin Mosquera, un bachiller que enseñaba a niños y jóvenes; Mónica Suárez, estudiante de Psicología en la Universidad a Distancia, y Fabio Ariza, estudiante de Física en la Universidad Nacional, quienes trabajan como acompañantes de las Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, en los sitios "Pueblo Nuevo", "Bella Flor Remacho" y "Nueva Esperanza", en los Departamentos del Chocó y Antioquia, reconocidos como zonas humanitarias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con las informaciones, el hecho ocurrió el 31 de marzo de 2005, hacia las 7h00 de la mañana, cuando varios hombres armados quienes se presentaron como miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incursionaron de manera simultánea en dos de las zonas humanitarias, las cuales están a una distancia de una hora de recorrido a pie o en una embarcación y
procedieron a llevarse a los cinco defensores mencionados con rumbo desconocido, luego de manifestarles a los pobladores que se encontraban presentes: "que se los iban a llevar, que hicieran la denuncia y que, (a los retenidos) no les iba a pasar nada".

De acuerdo con las informaciones, el 2 de abril de 2005, hacia las 9h30 de la mañana una Comisión de Verificación con representación de la comunidad de derechos humanos, conformada por miembros del
Proyecto Justicia y Vida, del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la Iglesia diocesana de Quibdó, y de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se dirigió hacia las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de los 5 defensores. Según las informaciones, tanto la Vicepresidencia de la República como la Defensoría del Pueblo, seccional Urabá fueron informadas sobre el trabajo que va a
desarrollar ésta Comisión de Verificación.

De acuerdo con las informaciones, el Vicepresidente Sr. Francisco Santos, condenó la retención de los defensores y exigió que los liberaran y que cesaran los ataques contra los civiles, aprovechando la oportunidad para reiterar que "solo en los sitios donde se permite la presencia de la Fuerza Pública hay posibilidad de ofrecer garantías", ante lo cual el Sr. Danilo Rueda, coordinador nacional de los acompañamientos a las comunidades no violentas de Justicia y Paz, respondió que "No es cierto que no haya presencia del Estado en esa zona".

Según las informaciones, en efecto, la Brigada 17 del Ejército viene realizando un intenso operativo militar en la zona desde el pasado 26 de enero, en medio del cual se han cometido graves violaciones a los
derechos humanos. Ya anteriormente integrantes de la dicha brigada han hecho graves señalamientos, en los que se acusó a las ONG que acompañan las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó de narcoterroristas.
En este contexto, las amenazas contra Justicia y Paz se han acrecentado desde el año pasado, con posterioridad a los intentos de realizar una verificación de la siembra de palma aceitera en Territorios Colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó.

Anteriormente a la desaparición de los cinco integrantes de Justicia y Paz, el 29 de marzo de 2005, en horas de la mañana, llegó por correo postal una amenaza de muerte a Justicia y Paz, en la que se
acusa falsamente a todos los integrantes de este organismo, de sectores de iglesias cristianas, "…de ser apoyo de narcoterroristas en la región... ". Según las denuncias, en la carta se pueden leer amenazas directas contra el Sr. Danilo Rueda, designado como"defensor de narcoterroristas" a cuyo nombre se siguen las letras Q. E. P. D (letras que se escriben en las lápidas de las tumbas y que quieren decir: "que en paz descanse"), agregando que "todos los integrantes de Justicia y Pas (sic) quedan también advertidos", pues se va impedir que Justicia y Paz vuelva a someter a la región "al yugo opresor de la guerrilla terrorista".

Según las informaciones, ésta carta amenazante llegó 15 días después de la realización de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se reunió respecto a las medidas
provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y a las familias de Curvaradó. Durante la audiencia del pasado 12 de marzo, la Comisión de Justicia y Paz, presentó sustentadamente las
coincidencias entre los desplazamientos forzosos de la comunidad, su sitiamiento, y las avanzadas militares, con la siembra extensiva de palma para extracción de aceite, los vínculos en las actuaciones de agentes estatales con paramilitares, la ausencia de investigaciones prontas y eficaces frente a los responsables de las sistemáticas violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han padecido las comunidades afrodescendientes.

El Observatorio condena estas nuevas graves violaciones de los derechos fundamentales de los defensores, que se añaden además a los varios montajes judiciales en contra de integrantes de la Comisión
Justicia y Paz, incluyendo a los Sres. Daniel Rueda y Enrique Chimonja y a la Sra. Johana López (Ver Llamado Urgente COL 004 / 0903 / OBS 046); lo más reciente ha sido abierto el 11 de febrero de 2005.

El Observatorio reitera su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia y recuerda a los actores armados del conflicto que actúan al margen de la ley su deber de respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente respetando los derechos de la población civil.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

i. tomar de manera inmediata las medidas necesarias para localizar el paradero de los Sres. Enrique Chimonja, Johana López, Edwin Mosquera, Mónica Suárez y, Fabio Ariza y para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica;

ii. tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de todos los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, particularmente de las zonas humanitarias de "Pueblo Nuevo", "Bella Flor Remacho" y "Nueva Esperanza" y de todas las personas y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de la mencionada población;

iii. garantizar la realización de una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a la retención ilegal y a la presunta desaparición forzada de los Sres. Enrique Chimonja, Johana López, Edwin Mosquera, Mónica Suárez y, Fabio Ariza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iv. asegurar la aplicación de las medidas cautelares resueltas a favor de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz desde el 2003, y expresar públicamente si las organizaciones humanitarias, incluyendo las de derechos humanos, tienen garantías para el acompañamiento a las comunidades en las regiones del Bajo Atrato y del Urabá Antioqueño;

v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como Internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), y a la obligación del Estado de garantizar "la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza,
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art. 12.2) ;
vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.

Favor dirigirse también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo buzón se encuentra en: http://www.farcep.org/ con el fin de urgirlas a:

i. poner fin a todo acto de violencia u hostigamiento contra los miembros de las Comunidades de Paz y particularmente de los defensores de sus derechos;

ii. respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Direcciones :

· Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87;
TEL.: + 41.22.798.45.55.
· E-mail: mission.colombia@ties.itu.int


· S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-
26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-
mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: E-mail: fsantos@presidencia.gov.co


· Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El
Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1)222.18.74;
E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ;
mdn@cable.net.co


· Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la
Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57
1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co


· Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co


· Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: (+57 1)
336.03.11 Fax : (+57 1) 337.46.67. E-mail: fibarra@presidencia.gov.co


· Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal
22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co


· Dra. Elba Beatriz Silva, Directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Fiscalía General de la Nación. E-mail: elbsilva@fiscalia.gov.co


· Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra-París, 4 de abril de 2005

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan
concreta como sea posible.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

Tel. y fax: FIDH : + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29 - E-mail: observatoire@iprolink.ch

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2.3.- VIDA Y LIBERTAD A LOS 5 DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE JUSTICIA Y PAZ

Enviado por PRENSA COLECTIVO DE ABOGADOS

Fecha de Envío: Lunes, 04 de Abril de 2005 10:46 a.m.

La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" REENVIA.

Vida y Libertad a los 5 Defensores de Derechos Humanos de Justicia y Paz

por DeVer 155 Saturday, Apr. 02, 2005 at 7:47 PM

Una Comisión de Verificación con representación de la comunidad de derechos humanos se dirigió hacia las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de 5 defensores de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Justicia y Paz.

Las organizaciones sindicales, sociales y no gubernamentales de derechos humanos manifestamos a los medios de información que:

El día sábado 2 de abril a las 9.30 de la mañana una Comisión de Verificación con representación de la comunidad de derechos humanos se dirigió hacia las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de 5 defensores de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Justicia y Paz: JOHANA LOPEZ, MONICA SUAREZ, ENRIQUE CHIMONJA, FABIO ARIZA Y EDWIN MOSQUERA.

Ellas y ellos realizan un acompañamiento permanente a estas comunidades afrodescendientes, en la promoción, protección y defensa de sus derechos.

La Comisión de Verificación está conformada por el Proyecto Justicia y Vida, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y con delegados de la Iglesia diocesana de Quibdo, Brigadas Internacionales de Paz, PBI. La comisión cuenta con el concurso de la Vice Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo del Urabá.

En la última semana, la Comisión de Justicia y Paz, recibió una amenaza de muerte, por correo postal, 15 días después de la realización de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a las medidas provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias de Curvaradó.

Las comunidades afrodescendientes han sido víctimas de actuaciones de tipo paramilitar y sus integrantes han sido amenazados debido a las denuncias entabladas contra empresas palmicultoras por la ocupación ilegal de sus tierras tituladas colectivamente, situación que constata el Informe del INCODER del 14 de marzo de 2005.

No obstante el reconocimiento hecho en este informe oficial, las empresas palmicultoras continúan arrasando con los recursos naturales y ampliando las siembras de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, mediante Resolución del 15 de marzo de 2005, que las Zonas Humanitarias de Pueblo Nuevo, Bella Flor Remacho y Nueva Esperanza son el ejercicio legítimo de los principios del Derecho Internacional que permiten la prevención y la protección de los derechos de la población que se encuentra en medio de la confrontación armada, y ordenó al Estado colombiano otorgar especial protección a dichas zonas humanitarias establecidas por los miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias de Curvaradó.

Estas zonas humanitarias son propiedades familiares, con signos claros de identificación y de
diferenciación, donde sus pobladores han concertado normas de convivencia no violenta, con el objetivo de no ser involucrados en la guerra. En el último mes, los medios de comunicación e informes oficiales, han presentado estas experiencias como comunidad de paz.

El 2 de abril el Vice Presidente de la República ha declarado falsamente ante los medios de comunicación que estos hechos han ocurrido debido a la falta de presencia del Estado en la zona, cuando desde 1996 el Ejército de Colombia hace presencia en la cuenca del iguamiandó, incrementándose su presencia con el aumento de la siembra de palma aceitera.

Esta afirmación podría justificar la militarización ilegal e ilegítima de las zonas humanitarias, situación que aumentaría la grave crisis humanitaria que se está viviendo.

Debido a la grave situación de violación de derechos humanos en el Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño en que se encuentran las pocas comunidades que afirman integralmente sus derechos de modo no violento, y la obstrucción, de hecho, al acompañamiento que realizan organismos humanitarios y de derechos humanos, las organizaciones abajo firmantes solicitan:

- Al Presidente de la República, que se pronuncie públicamente exigiendo el respeto del trabajo de los defensores de derechos humanos, especialmente de quienes prestan acompañamiento humanitario a las comunidades que se encuentran en medio del conflicto, y de manera inmediata exija que se ponga en libertad a los 5 defensores ilegalmente retenidos y/o desaparecidas.

- Al Presidente de la República, la realización de una reunión el próximo lunes 4 de abril a fin de definir de manera concertada una serie de actuaciones URGENTES e INMEDIATAS que puede y deben realizar el Estado y el gobierno colombiano en la región para la pronta liberación de los 5 defensores de derechos humanos.

- A los responsables de la retención y desaparición de los 5 defensores de derechos humanos, les exigimos respetar sus vidas y dejarlos inmediatamente en libertad. Así mismo expresamos nuestra indignación y rechazo ante este grave atentado contra el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.

- Al Gobierno Nacional, que en sus actuaciones tengan presentes las obligaciones tanto constitucionales como internacionales y del Derecho Internacional Humanitario, de preservar y de proteger la vida de los civiles arbitrariamente privados de su libertad.

Bogotá, 2 de abril de 2005

Firmantes:

- Agencia de Prensa Rural
- Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
- Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
- Asociación de Educadores de Cundinamarca - ADEC
- Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos - ASFADDES
- Asociación Colombiana de Abogados Eduardo Umaña Mendoza
- Asociación MINGA
- Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS
- Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República - ANEBRE
- Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial - ASONAL Judicial
- Asociación para el Desarrollo Social Integral -ECATE
- Central Unitaria de Trabajadores - CUT -Departamento de Derechos Humanos
- Central Unitaria de Trabajadores - CUT - Seccional Cundinamarca
- Central Unitaria de Trabajadores - CUT
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
- Colectivo de Comunicaciones Somos Sudacas
- Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad
- CODHESEL
- Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
- Comité Permanente Héctor Abad Gómez
- Comité Permanente por la Defensa de los DDHH
- Corporación Jurídica Yira Castro
- Corporación Regional para la Defensa de los DDHH -CREDHOS
- Corporación Reiniciar
- Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja
- Federación Colombiana de Educadores - FECODE
- Federación Nacional Sindical de Trabajadores Bancarios - FENASIBANCOL
- Foro Social de Barrancabermeja
- Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos - CSPP
- Fundación Manuel Cepeda Vargas
- Colectivo Para Recordar YUYANAPAQ
- Organización Femenina Popular - OFP
- Proceso de Comunidades Negras - PCN
- Proyecto Aurora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia
- Proyecto Justicia y Vida
- Red Ecuménica de Colombia
- Red colombiana de defensores no institucionalizados
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía Eléctrica - SINTRAELECOL
- Sindicato Nacional de la Trabajadores de la Industria Metalúrgica - SINTRAIME
- Sindicato de Trabajadores Mineros de Colombia - SINTRAMINERCOL
- Unión Sindical Obrera -USO-
- Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz.
- Unión Nacional de Empleados Bancarios - UNEB - Secretaria de Derechos Humanos dhColombia

Red colombiana de defensores no institucionalizados

¡Una apuesta por la la Vida, la Verdad, la Justicia, la Memoria, la Reparación Integral y la Prevención de los crímenes de Lesa Humanidad en Colombia!.

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2.4.- [DDHHCOLOMBIA] DESPLAZAMIENTO MASIVO COMUNIDAD DE PAZ

Enviado por Corporación Jurídica Libertad

Fecha de Envío: Viernes, 01 de Abril de 2005 07:28 p.m.

DESPLASAMIENTO MASIVO DE LA COMUNIDAD DE PAZ

La Corporación Jurídica Libertad se permite poner en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional la decisión tomada en el día de hoy por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó:

1. Ante la decisión unilateral del gobierno nacional de ingresar al casco urbano de San José de Apartadó fuerza pública –policía nacional- irrespetando los principios de Comunidad de Paz y desconociendo
las diferentes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se ha dispuesto que la seguridad de las personas que la integran debe darse de una manera concertada y sin la presencia de
integrantes de la fuerza pública que coloquen en riesgo la vida y la integridad de las personas; el conjunto de la población campesina que integra el proyecto de Comunidad de Paz ha tomado la decisión de realizar un
desplazamiento masivo hacia la finca La Holandita en donde se ha establecido un campamento humanitario.

2. En la resolución de medidas provisionales dictada el 15 de marzo de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos humanos hizo expresa alusión a la delicada situación padecida por los integrantes de la comunidad de Paz al manifestar Que los últimos hechos de violencia e intimidación a que fueron sometidos varios miembros de la Comunidad de Paz, y el asesinato de ocho de sus integrantes, entre ellos uno de sus líderes, el señor Luis Eduardo Guerra Guerra y su familia, demuestra la situación de
inseguridad en la que se encuentran los beneficiarios de las presentes medidas provisionales, ya que la muerte de dichas personas evidencia una situación de extrema gravedad y requiere medidas eficaces y urgentes de protección. La muerte de un líder comunitario puede ser interpretada dentro de un proceso de amedrentamiento y paralización de los miembros de la Comunidad de Paz, el cual implica su desarticulación lo que pone en riesgo la supervivencia de la misma y especialmente la de sus miembros, cuyas vidas e integridad personal siguen siendo gravemente atacadas.

3. Desde el inicio de esta semana la Corporación jurídica Libertad la solicitó a la Vicepresidencia de la República aclarara y definiera la política de tratamiento para la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, por cuanto ante los diferentes pronunciamientos públicos ofrecidos por el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez y el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, luego de ocurrida la masacre del 21 de febrero, mediante los cales se anunciaba el ingreso de la fuerza pública, e incluso el aniquilamiento del proceso de comunidad de Paz; sin mayores esfuerzos se entendía que lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos humanos en las cinco resoluciones dictadas sobre este tema, serían objeto de incumplimiento definitivo.

4. Durante los días 30 y 31 de marzo del presente año se han presentado una serie de incidentes provocados por integrantes de la Policía Nacional en el caserío de San José, que han colmado la paciencia no
solo de los pobladores que hacen parte de la Comunidad de Paz sino también de aquellos otros que no la integran, lo cual ha obligado el desplazamiento masivo.

5. Con el propósito de evitar saqueos y montajes sobre las viviendas desocupadas desde el día de ayer se solicitó la presencia del Defensor Regional de Urabá para que constatara el estado en que estas quedaban.

6. El predio en donde se ha establecido el campamento es propiedad de la Comunidad de Paz, por lo tanto esperamos que la fuerza pública bajo ninguna circunstancia lo invada o penetre arbitrariamente con
el propósito de continuar hostigando y persiguiendo a personas que allí se han refugiado.

7. Ante el hecho consumado del ingreso de la Policía Nacional al casco urbano de San José, desconociendo los diferentes niveles de concertación y seguimiento establecidos como derivación de lo dispuesto en las resoluciones de medidas provisionales, los integrantes de la Comunidad de Paz se han visto forzados a no interlocutar en el espacio de seguimiento habilitado para ello y en adelante solo mantendrán relaciones con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación, como instancia encargadas constitucionalmente de velar por la garantía y el respeto de los derechos fundamentales que les asisten. Decisión que es apoyada irrestrictamente por la Corporación Jurídica Libertad en su condición de organización no gubernamental representante de la Comunidad de Paz de San José ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

8. Convocamos la acción solidaria de personalidades y organizaciones nacionales e internacionales para rodear a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en esta trascendental decisión que se ha visto
obligada a tomar ante el acoso criminal adelantado por el gobierno del Presidente Uribe.

CORPORACION JURIDICA LIBERTAD
Medellín, abril 1º de 2005

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:: ARGENTINA

3.1.- REPRESION EN COMODORO RIVADAVIA

Enviado por Maia Doblack

Fecha de Envío: Miércoles, 06 de Abril de 2005 01:58 a.m

Comodoro Rivadavia ,4 de abril de 2005

Compañeros!!!!!

El día 3 de abril siendo las dos de la mañana ,los policías de la seccional 6xta. irrumpieron en una vivienda del B° Máximo Abásolo golpeando salvajemente a los que se hallaban en la misma ,llevándoselos detenidos.-

Nuevamente se llevan a los golpes a adultos y menores sin mediar la más mínima explicación.-

Los policías con gomeras apedrearon la vivienda(sí ,policías)y tiraron a la misma con armas de fuego antes de entrar.-

Fueron aproximadamente 4 mayores y una menor que quedaron detenidos.-

La policía aduce que hubo un enfrentamiento ,pero mientras apedreaban el frente de la vivienda; nunca se cubrieron el cuerpo con ningún tipo de elemento anti motín.-

Recién se dizfrazaron cuando se metieron a los golpes dentro de la vivienda.-

Podrán leer en los diarios de la zona ,que hay un video filmado de todo el accionar ,desde una casa vecina.-

La impunidad otra vez desde la mencionada seccional ,que es conocida por su accionar patoteril en el barrio.-

No serán los atacados ....los que NO roban para esa policía????

Por favor difundir.-

LIBERTAD A LOS PRESOS POR PEDIR TRABAJO!!!!!!!

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3.2.- ARGENTINA / INCONSTITUCIONALIDAD DE INDULTOS

Enviado por Cristina Mihura

Fecha de Envío: Sábado, 02 de Abril de 2005 03:18 a.m.

Diario Judicial, Argentina
Viernes, 01 de Abril de 2005
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=25072

Inconstitucionalidad de indultos

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la inconstitucionalidad dispuesta por el juez Canicoba Corral ya hace un año. La resolución anula dos indultos firmados por el ex presidente Menem que beneficiaron a más de 50 militares en 32 causas penales acusados por delitos cometidos durante la
última dictadura. Finalmente, ordena proseguir la investigación contra Suárez Mason, Sasiaiñ y Olivera Rovere.

Mediante los decretos se indultó a más de cincuenta militares que estaban siendo investigados en distintas causas por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Específicamente, y en lo atinente a estas actuaciones, con el decreto 1002/89 se indultó a los entonces procesados Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald y Juan Carlos Olivera Róvere. Posteriormente, se hizo uso de la misma facultad a través del decreto 2746/90, indultándose a Carlos Guillermo Suarez Mason.

La resolución fue tomada por los jueces Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo–Freiler estaba excusado- en la causa “Suárez Mason, Guillermo y otros s/inconstitucionalidad de indultos dec.1002/89 y 2746/90”, arribada a raíz de los recursos de apelación interpuesto por los defensores de los imputados Suarez Mason, Olivera Rovere y Juan Bautista Sasiaiñ, contra la decisión del juez de primera instancia que había dispuesto la inconstitucionalidad de los mentados indultos.

Señalaron que el inciso 5° del artículo 99 de la Constitución Nacional -idéntico al inciso 6° del artículo 86 del texto constitucional anterior a la reforma de 1994- específicamente prescribe que el Presidente de la Nación “puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.

Luego de realizar una reseña de los precedentes de la Corte Suprema en casos similares, la Cámara explicó que “existen circunstancias a la luz de las cuales debe descartarse la posibilidad de indultar a personas aún sometidas a proceso”.

En efecto, señalaron en primer lugar, que de la letra de la cláusula constitucional surge que el indulto “sólo puede recaer sobre penas correspondientes a delitos sujetos a la jurisdicción federal, con expresa
excepción de los casos de juicio político”, es decir, en palabras del juez de la anterior instancia, sobre penas impuestas por sentencia judicial firme de juez con aquella competencia que declare la existencia del ilícito
y la culpabilidad del autor.

Asimismo, aclararon que el indulto puede exclusivamente extinguir penas ya impuestas, con carácter particular, “pues la facultad de extinguir la acción penal, con carácter general, ha sido confiada en la ingeniería constitucional al Poder Legislativo, único poder autorizado a legislar en ese sentido mediante el dictado de amnistías”.

De esta forma advierten que los decretos cuestionados, extienden tal perdón a personas que aún no habían sido condenadas, sino sólo procesadas, señalando que “han desconocido el límite impuesto por la Constitución Nacional”. A dichos argumentos sumaron la circunstancia de que en el decreto 1002/89 se daban fundamentos de absoluta generalidad, “lo que lo convertiría en una verdadera amnistía que beneficia a más de cincuenta procesados en treinta y dos causas penales”.

Independientemente de ello, entendieron que el aspecto trascendente que determina su inconstitucionalidad radica en que los hechos que se investigan en estas actuaciones “no son susceptibles de ser indultados ni amnistiados”.

En esta línea, precisaron que los delitos cometidos por los agentes estatales en el “sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar” deben “ser considerados como crímenes contra la humanidad” y la obligación de “perseguir y sancionar penalmente” este tipo de conductas surge de los compromisos con pactos internacionales.

Por último y respecto de Juan Bautista Sasiaiñ, Jorge Carlos Olivera Rovere y Carlos Guillermo Suárez Mason ordenaron “la prosecución de esta investigación” al evaluar que los imputados de autos no formaron parte de una acusación fiscal -en los términos del artículo 361 del C.J.M.-, descartando la aplicación al caso de la garantía constitucional contra la doble persecución penal.

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3.3.- BARILOCHE: CASO GILIO FORO Y ADHESIONES, PRENSA

Enviado por Laura Alves

Fecha de Envío: Viernes, 01 de Abril de 2005 08:02 p.m.

Gran parte de la sociedad de San Carlos de Bariloche, está azorada ante el vuelco -justicia y vericuetos procesales por medio- que ha tenido una de las causas más resonantes de los últimos años, que involucra a un poderoso empresario local acusado -junto a la madre de la menor abusada- de corrupción.
Por ello estamos movilizándonos desde distintos sectores (Vecinas y vecinos autoconvocados, Foro de Mujeres Políticas y Comisión Permanente del Encuentro Nacional de Mujeres, entre otras) y llamando a una concentración en Tribunales, el próximo lunes 4 de abril a partir de las 11 hs. La lectura del fallo está prevista para las 13 hs.

La nota de Marcelo A. Moreno, diario Clarín del 27 de marzo, sitúa con precisión acerca de este caso y describe cronológicamente los distintos momentos de esta causa que averguenza:

DISPARADOR

Un fallo judicial que falla demasiado

Marcelo A. Moreno

Hace unos días el que, dicen, es el hombre más rico de Bariloche, el empresario Juan Gilio, de 78 años, resultó absuelto de la acusación de haber abusado reiteradas veces de una nena de 12 años, con la complicidad de su madre.

Este era el segundo juicio que debatía el caso: en el primero, Gilio había sido condenado a nueve años de prisión por el delito de corrupción "agravado por la edad de la víctima y sostenida en el tiempo". Para la madre, la pena fue mayor: diez años de cárcel por haber obligado a su hija a la aberración. Gilio no fue a prisión: cumplió arresto en su casa debido a su edad y a su salud. La mujer, en cambio, fue a parar a la Alcaidía de Bariloche. Pero eso es pasado: ambos hoy están en las puertas de la libertad.

Todo comenzó con una denuncia de la nena. Le contó a la Policía que su mamá, que trabajaba como prostituta, la obligaba a mantener relaciones con un hombre mayor. Ya comenzado el juicio, la nena debió volver a declarar ante la Cámara del Crimen. Imaginemos la escena: tres jueces, un fiscal, un abogado defensor, un secretario, al menos dos policías en la sala. Y ella, sola como está sola en el mundo, contando cómo la abusaban sexualmente. Las escena se reiteró otras veces a lo largo de estos largos años.

En mayo de 2003 el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló lo actuado "por defectos de orden procesal" El tribunal consideró que habían sido afectadas las garantías de la defensa (de Gilio), y que el juicio oral debería volver a efectuarse. Es lo que sucedió hace unos días. Y en esta ocasión, el fiscal Enrique Sánchez Gavier encontró contradicciones en la declaración de la chica, hoy de 16 años. Las contradicciones se referían al número de veces que había sido penetrada y la cantidad de "tocamientos" que padeció. Así, Sánchez Gavier decidió no acusarlos. Por lo cual en pocos días, Gilio y la madre de la nena serán libres.

Hay cosas en la Justicia argentina que revuelven el estómago. Esta parece consagrar la náusea y volver a violar a una chica asquerosamente destrozada.

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A partir de este suceso un grupo de vecinos decidió movilizarse para expresar su repudio y tratar de modificar este final anunciado.

Por ello el FORO DE MUJERES POLITICAS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, difundió un comunicado y está abocado a la tarea de sumar adhesiones para que

Cuando el 4 de febrero ppdo. teniamos frente a nosotras a un psicólogo, que trabaja en el poder judicial, ocupando media página de un diario, con declaraciones tan extrañas como decir que los violadores son: "un material humano valioso y ocioso" dijimos que seguramente estaba solicitando condenas más livianas o preparándonos para algún indulto que "seguramente no tendrá razones y/o explicaciones, pero que hará quedar bien a quienes tienen la obligacion de ejercer justicia".

No hablaremos hoy de justicia, virtud que a ojos vista no reúnen algunos de los miembros de ese poder, hablaremos del sentimiento generalizado en la sociedad, especialmente en la nuestra, que ha dado en llamarlos "cofradía".

Lamentablemente reúnen las condiciones para serlo: gozan de privilegios, están bien remunerados, tienen estabilidad, son independientes, nadie puede tildarlos de nada pues se aviene a un juicio, en definitiva: son poderosos.

Desde ese lugar de poder administran en forma supina la ley, cobijándose en esa historia, que todos conocemos y es que "la mitad de la biblioteca tiene una interpretación y la otra la contraria", agregándole a esto los vericuetos procesales, que la mayoría desconoce, y que les sirve para justificarse.

En posición del poder que detentan pueden poner a una adolescente, como en el circo romano, para que la devoren las fieras sin darle oportunidad ni defensa alguna, pueden valorar sus palabras y darle el sentido que les conviene, pueden soslayar los tratados internacionales insertos en la constitución nacional, pero con seguridad no podrán desde ese poder, impedir el poder de nuestra sensacion y de nuestro sentimiento y lucharemos a más no poder para que reciban la sanción social que merecen ante tan inexcusable acción.

Cecilia Comande, presidenta
Aurora Menéndez, secretaria

rogamos enviar adhesiones o sus propias impresiones con autorización para su publicación, difusión o presentación ante organismos nacionales e internacionales a:

foromujerespoliticas@yahoo.com.ar

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3.4.- SOLIDARIDAD CON DEFENSORES DE OFICIO

Enviado por Gabriel Ganon

Fecha de Envío: Martes, 29 de Marzo de 2005 07:01 a.m.

SOLIDARIDAD CON LOS DEFENSORES OFICIALES GABRIEL GANON MARTIN ALBERTO MARCELLI Y MARIA DOLORES GOMEZ

En lo que pareciera ser una preocupante tendencia a la limitación, obstaculización y cercenamiento de la actividad de algunas magistraturas (véase por caso la situación por la que atraviesa el Fiscal Ricardo Mendaña en la Provincia del Neuquen y que se informa en esta misma página), se ha tomado conocimiento que lo propio esta ocurriendo por estos días con los Defensores Oficiales Drs. Gabriel Ganón (Departamento Judicial San Nicolás) Martín Alberto Marcelli (Departamento Judicial Azul) y María Dolores Gómez (Departamento Judicial San Isidro), quienes están siendo sometidos a injustificados sumarios administrativos.

En el caso de Gabriel Ganón, la cuestión se origina en un Hábeas Corpus deducido a favor de un detenido que habría sido sometido a malos tratos, vejaciones y tortura en la cárcel de Junín. El organismo jurisdiccional pertinente, en vez de adoptar los recaudos para preservar la integridad del detenido, se limitó a solicitar un informe al Director del Penal, cuya respuesta sería por demás obvia.

Contra esa decisión (el pedido de informes) se levanta el Dr. Ganón, aduciendo que ello era tanto “absurdo como peligroso”, ya que lo cierto es que el detenido continuaba “a merced de la autoridad penitenciaria”, agregando que “quizá tras esta mascarada vulgar se esconde el verdaderos sentimiento de los Señores Magistrados, quienes parecen despreciar el Estado de Derecho o añoran tal vez la oscuridad de pasados regímenes autoritarios donde la jurisdicción era apéndice del poder militar, policial y autoritario”.

La incuestionable vehemencia del Defensor Público en el ejercicio de sus funciones fue interpretada por los Jueces intervinientes como “manifestaciones agraviantes”, girándose las actuaciones a la Procuración de la Corte para que se sustancia el sumario administrativo respectivo.

Es de hacer notar que el caso tomó trascendencia nacional, ya que fue recogido por el periodista Horacio Verbitsky de Página 12, quien en la edición del 21/2/05 le dio amplia difusión.

En la Sección “Noticias de Actualidad” de esta misma página se transcribe la defensa realizada al Dr. Ganón por los abogados del CELS y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Plata.

En el caso del Dr. Martín Marcelli, oportunamente dedujo un Hábeas Corpus en beneficio de una persona que se encontraba alojada en la Comisaría de Olavarría y que amenazaba con quitarse la vida si era trasladado a la Unidad Penal, sitio en el cual temía por su vida.

El Hábeas Corpus fue rechazado por el titular del Juzgado de Garantías de Olavarría, y ante la noticia, el detenido cumplió con su amenaza y se quitó la vida.

No obstante ello el tenaz Defensor recurrió la decisión ante la Cámara Penal, siendo que cuando el organismo de Alzada toma conocimiento que el detenido había fallecido, resuelve también girar las actuaciones a la Procuración de la Corte para que se le sustancia un sumario administrativo al Dr. Marcelli, por “haber ocultado la muerte” del detenido.

Finalmente nos encontramos con el caso de María Dolores Gómez, quien esta siendo sumariada por no cumplir una instrucción general del Defensor General de San Isidro, José María Villada. La instrucción general incumplida reza más o menos lo siguiente: “no resulta posible que un Defensor entreviste a otros detenidos o internos que no sean aquellos a los cuales defiende en una causa particular”.

Sin embargo, en el marco de una visita carcelaria en la cual la Dra. Gómez fue requerida por otros internos que no eran sus defendidos se encontró en la disyuntiva de optar por el cumplimiento de su función o “la obediencia debida”.

Ante esta alternativa -por dar sólo un ejemplo- la Defensora optó por atender a un interno que presentaba un delicado estado de salud por padecer HIV, si bien no era su defendido, aun a sabiendas que desobedecía una orden.

Este interno falleció una semana después sin que su situación de fondo hubiese sido resuelta. El Director de la Unidad informó al Defensor General -sin que este lo requiriese- la nómina de todos los detenidos entrevistados por la Dra. Gómez. Con ese informe el Defensor General inició las actuaciones sumariales. La decisión final en caso de que el Defensor decida sancionar a la Dra. Gómez esta en manos de la Procuración General.

Debe aclararse que la Dra. Goméz es víctima de hostigamiento por documentar casos de tortura desde el año 2000. En la actualidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dispuesto una serie de medidas cautelares sobre su persona luego de haber sido victima de amenazas constantes y atentados físicos contra su persona.

Es de hacer notar que la cuestión adquiere mayor relieve y gravedad cuando quien debe sustanciar y decidir los sumarios administrativos es nada menos que el “Jefe” de los Fiscales, ya que inexplicablemente en la Provincia de Buenos Aires, tanto la Defensa Pública como la Fiscalía se encuentran bajo la esfera de la Procuración.

Entendemos desde este sitio que los excesos de susceptibilidad en la mensuración del ejercicio de la Defensa, tomando en consideración los elevados intereses que deben representar, puede encubrir una verdadera persecución que en nada contribuirá al afianzamiento del Estado de Derecho en que nos encontramos comprometidos.

De tal manera que invitamos –a quienes así deseen hacerlo- a solidarizarse con los Drs. Ganón, Marcelli y Gómez, pudiendo hacerlo a la siguiente dirección: pensamiento@pensamientopenal.com.ar , adjuntando –para quienes coincidan- una nota tipo de solidaridad.

Muchas gracias

El abajo firmante se solidariza con los Defensores Oficiales Gabriel Ganón, Martín Alberto Marcelli y María Dolores Gómez frente a los sumarios administrativos que se le sustancian en la Procuración General de la S.C.B.A.

Las informaciones que poseo, originadas en fuente de mi extrema confianza, provenientes en todos los casos de personas de indudable honorabilidad, ponen de manifiesto que se trataría de una persecución inadmisible en contra de los mencionado magistrados, por la sola circunstancia de haber ejercido con celo y vehemencia las altas responsabilidades institucionales que les han sido confiadas..

Sumo mi palabra ante esta situación en cuanto tiene entidad indudable para proyectarse en contra de la salud de las instituciones.

Finalmente, me permito enaltecer los beneficios que para toda sociedad libre, se derivan del irrestricto respeto por el derecho del acceso de justicia para todos y del inexcusable respeto de la independencia judicial y de la libertad de expresión, pilares de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

= = =

NARA OSES, DEFENSORA DEL NIÑO DE NEUQUEN

“El error es guardar silencio”

Por Elio Brat

Desde Neuquén

La titular de la Defensoría del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, cumplió ayer dieciséis años de trabajo –los mismos que el organismo que hoy encabeza– en la provincia de su nacimiento: Neuquén. Y este aniversario la sorprendió por primera vez en su vida teniendo que soportar una fuerte embestida por parte de altos funcionarios de la administración del gobernador Jorge Sobisch. Pero los hechos han ido mucho más allá: la semana pasada, vía telefónica, fue amenazada de muerte junto a su adjunta, la abogada Edith Galarza. Página/12 la entrevistó en su casa, donde un móvil policial la custodia día y noche por orden del ministro de Seguridad provincial Luis Manganaro.

–¿Tiene miedo de que les pase algo a usted y a su familia?

–Tengo preocupación. Por mi familia y las familias de la gente que trabaja conmigo. Por mis compañeras y compañeros. Preocupación por lo que le pasa al Poder Judicial (de Neuquén), ya que no dejo de contextualizar todo lo que nos está pasando con lo que le sucede al fiscal (Ricardo) Mendaña con el absurdo de ese juicio político, de ese jury al cual lo están sometiendo en este momento.

–¿Qué es “todo lo que nos está pasando”?

–Si tenemos que poner un comienzo, fue en enero del 2004 cuando el ministro (Luis) Manganaro comenzó una embestida pública contra la Defensoría al ordenarnos la supresión de la patria potestad a los padres de unos chicos que los habían llevado a vivir a una toma frente a sus casas. Esa orden nosotros no la acatamos por considerarla violatoria de los derechos de los chicos y que esa no es la línea de la Convención de los Derechos del Niño. Ya en ese momento nos llamó la atención la agresividad por parte del ministro. Luego, en junio, Manganaro empieza con su idea de que hay que cambiar la Ley de Protección al Menor –la 2302–, afirmando que los chicos que cometen delitos tienen que poder ir presos. A eso nuestra respuesta fue que eso no estaba bien. Entonces en agosto el ministro presenta su proyecto de reformar la 2302, formalizando la posibilidad de encarcelar a chicos que cometen contravenciones, siguiendo la línea y el argumento de “dar seguridad”. Pero lo más grave es que según esa reforma se disuelve la Defensoría del Niño, transformándola en un organismo absolutamente diferente, imaginando un organismo extrapoder, que tiene que rendir cuentas y pedirle su presupuesto al Poder Ejecutivo de manera tal que no va a tener ningún tipo de libertad para trabajar. Y que también se haría cargo de los tratamientos a los menores. Es decir, una Defensoría como la nuestra, que no tiene que ver con los delitos y la seguridad, es absolutamente desarmada. Fue allí que la gente salió a defender la ley y nuestro trabajo.

–¿Nunca habló con el ministro Manganaro?

–No. No lo conozco. En general los contactos de la Defensoría suelen ser con un segundo o tercer nivel de decisión, más con funcionarios de Educación y Salud.

–Ante las amenazas de muerte en su contra, ¿qué piensa del silencio del Poder Judicial?

–Para mí el silencio siempre ante hechos de violencia es una actitud no recomendada. Porque a la violencia se le opone la palabra. Si el Tribunal (Superior de Justicia) no puede decir nada, quizá me cuesta imaginar qué es lo que piensa. Quizá no me creen o piensan que las llamadas no han existido. Son conjeturas mías. Quizá nos creen pero como somos vistas como personas “opositoras” no se nos acercan. Cualquiera sea la razón, creo que es un error institucional muy grande mantenerse en silencio ante lo que está pasando.

–¿Pensó en renunciar en alguno de estos días?

–Sí (silencio). Pero yo quiero este lugar y decidí que no me voy a ir. Para mí es un privilegio este trabajo. Y como dicen las Madres (de Plaza de Mayo), en la Defensoría nos decimos: “Ni un paso atrás” porque estamos haciendo lo que hay que hacer. Y por último, una consigna que tomó el Foro en Defensa de la Ley de Protección al Niño: “La 2302 no se reforma sino que se cumple”.

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:: DEUDA EXTERNA

4.1.- CANJE DE DEUDA POR EDUCACION

Enviado por Rina Bertacini

Fecha de Envío: Miércoles, 06 de Abril de 2005 01:12 a.m

Canje de deuda externa por educación
(Intervención en el Seminario de Jubileo Sur, Porto Alegre, enero 2005)

El 27 de enero de 2005 los diarios de Buenos Aires daban cuenta de que -en el marco de la visita del jefe de Estado español José Luis Rodríguez Zapatero- España y Argentina iniciaban un proceso de canje de deuda externa argentina por educación. El acuerdo alcanzará una cifra de 78 millones de dólares y se lo presenta como una ayuda a nuestro país para paliar el problema del financiamiento de la educación.
España se constituye así en el primer Estado que, asumiéndose como acreedor de deuda externa argentina, acepta la propuesta de canje de deuda externa por inversiones en educación que fuera formulada durante el año 2003 por el ministro Daniel Filmus en varios foros internacionales, entre ellos la Conferencia de Ministros de Educación de Iberoamérica y, poco después, en la 32º Conferencia de la UNESCO.

La idea -consigna el diario Clarín- es que el acuerdo de canje esté listo para ser lanzado en la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Salamanca, España, en octubre de 2005.

En nuestra opinión, la propuesta es tramposa, Se juega con el significado de las palabras "canje", "deuda", "acreedor". Para salir de la trampa, lo primero es intentar una mirada profunda sobre estas palabras y analizar el tema en el contexto del modelo de capitalismo neoliberal que ha hecho de la deuda externa uno de los principales instrumentos de un plan integral de dominación económica, política, militar e ideológico-cultural.

Y, precisamente, la subordinación cultural es el dominio en que el neoliberalismo ha logrado sus mayores éxitos. Por eso desde el campo popular, que incluye a todas y todos los agredidos por el sistema, es muy importante que seamos capaces de elaborar una línea argumental que salga al cruce de las tergiversaciones del lenguaje.

Veamos, en primer lugar la cuestión de la deuda externa. A esta altura son muchas las organizaciones políticas, los movimientos sociales, las personas y agrupaciones de diverso carácter que han llegado a la conclusión de que la llamada deuda de los pueblos del Sur en realidad no existe, y que los denominados acreedores (como el FMI, el Banco Mundial, los Estados poderosos, los grupos económicos internacionales) son socios y/o cómplices de los gobiernos que gestionaron los préstamos y recibieron dinero que en líneas generales no se derivó hacia el desarrollo económico y el bienestar de la población.

En Argentina, el fallo del juez Jorge Ballestero en la causa iniciada por el Dr. Alejandro Olmos, ha dejado en claro que esa deuda es ilegítima e inexistente.

Por lo tanto, si la deuda no existe, no hay nada para canjear. Y la palabra canje ya no tiene sentido. Es más, quienes impusieron a sangre y fuego el modelo neoliberal siguiendo las recetas de los gurúes de las organizaciones financieras internacionales -nos referimos a la dictadura fascista y al terrorismo de Estado que cercenó la vida de 30.000 compatriotas- son responsables primero de habernos endeudado y luego de haber pagado puntualmente los intereses de los préstamos, a costa del hambre, la salud y el dolor de nuestro pueblo.

No somos deudores sino acreedores de una deuda social, histórica y ecológica, que estamos dispuestos a seguir reclamando.

Así lo hemos manifestado, tanto en la Asamblea de acreedores del FMI y el Banco Mundial realizada a fines de 2004 en Buenos Aires como en la Asamblea de Pueblos Acreedores que tuvo lugar en porto Alegre en el marco del V Foro Social Mundial.

Necesitamos seguir desarrollando esas propuestas y debatir ampliamente el tema para elaborar argumentos y construir una línea argumental que permita apelar a las conciencias y sustentar la movilización de miles de personas para acabar con la falacia de la deuda externa que sirve de sustento a la idea del canje de deuda externa por educación (C de DE x E)

La propuesta de C de DE x E, ahora avalada por la UNESCO, no solamente es inaceptable porque no hay tal deuda, sino además porque abre el camino para que los grandes grupos económicos y las organizaciones financieras internacionales (como el Banco Mundial, por ejemplo) hagan inversiones en nuestra educación pública, privatizando de facto, con lo cual por lo menos en parte el Estado está renunciando a su papel esencial de garantía de los contenidos de la educación para todos y todas. De este modo se haría efectivo, por vía de este canje, el capítulo de inversiones del Area de Libre Comercio de las Américas que con tanta razón hemos rechazado en la campaña continental contra el libre comercio. Lo dijimos y vale la pena repetirlo, quien pone los capitales podrá decidir los contenidos y poner precio a sus "servicios". Lo cual limitará aún más el acceso a la educación para millones de niños cuyas familias revistan entre los desempleados y excluidos del sistema.

Subrayamos la palabra servicios, porque también queremos hacer notar que, en nuestro concepto, la educación no es un servicio sujeto a condiciones de mercado sino un derecho esencial que es función del Estado garantizar a todos/as los habitantes.

Este retroceso es presentado como la solución a las graves dificultades de presupuesto que hoy conspiran contra el funcionamiento básico de escuelas y universidades públicas. Y, desgraciadamente han logrado confundir a connotados intelectuales y a conocidos dirigentes gremiales argentinos. De todo lo dicho puede concluirse que una cosa es que el gobierno deje de pagar los servicios de la deuda e invierta ese dinero en educación y otra muy distinta este canje tramposo cuyo resultado será el menor acceso a la educación de los sectores populares y una mayor intromisión ideológica y cultural en los contenidos educativos.

Rina Bertaccini (MOPASSOL / Diálogo 2000)

CARTA ABIERTA

Al Señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner
Al Señor Ministro de Educación ,Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel Filmus

CANJE DE DEUDA EXTERNA POR EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO:
¿propuesta soberana o de la banca mundial?

"Aborrezco a las deudas más que a los españoles. (...) lo bueno que hiciéramos por la nación no serviría de nada si aceptábamos la deuda, porque seguiríamos pagando réditos por los siglos de los siglos. Ahora lo vemos claro: la deuda terminará derrotándonos."
Simón Bolívar

Los abajo firmantes --docentes, pedagogos e investigadores de la educación de distintas trayectorias profesionales y diversos orígenes ideológicos y políticos-- nos dirigimos a Uds. profundamente preocupados por la propuesta, formulada en ámbitos internacionales, de negociar con los organismos acreedores el canje de un porcentaje de los intereses de la deuda externa argentina por inversiones en educación y conocimiento.

En teoría, se trataría de resolver dos enormes problemas: el de la deuda externa, achicándola; y el del financiamiento de la educación y la investigación científico-tecnológica, asignándoles más recursos. Sin embargo, al unir dos cuestiones de tan diferente naturaleza y magnitud, ambas resultarán agravadas. Lo que, aparentemente, sería un gesto generoso del FMI, del BID o del Banco Mundial oculta los intereses económicos y políticos que lo inspiran.

Canjear deuda por educación y conocimiento significa:

. reconocer la "legitimidad" de la deuda, la que está firmemente cuestionada por el reclamo
popular avalado por investigaciones económicas suficientemente fundamentadas;

. renunciar a la denuncia de su carácter "fraudulento", tal cual fue establecido por la sentencia
(13 de julio de 2000) del Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Jorge Luis Ballestero en el juicio (Causa No. 14467) que iniciara en 1982 y continuara con patriótico empeño Alejandro Olmos;

. abandonar la convicción de que la deuda ya fue ampliamente saldada por los intereses usurarios que se han ido abonando;

. posibilitar la injerencia de los organismos internacionales en la decisión de nuestras políticas
educativas; ¿o acaso puede suponerse que ese canje se haría sin condicionamientos y permitiendo a nuestro gobierno desarrollar estrategias político-pedagógicas en forma soberana?;

. continuar y profundizar la aplicación de políticas neoliberales en materia educativa, iniciada
en la década menemista, que pretendieron introducir mecanismos de mercado en el sistema público, mediante la ejecución de proyectos y programas convenidos con el Banco Mundial y el BID por parte del Ministerio de Educación, contrayendo préstamos que, paradójicamente, engrosaron la deuda externa, en un monto que el pueblo argentino aún desconoce;

. mantener los dramáticos efectos --de los que son corresponsables tales proyectos y programas-- de la autodenominada "transformación educativa" realizada por aplicación de la Ley Federal de Educación (1993) y de la Ley de Educación Superior (1995) que, lejos de resolver las deficiencias de nuestro sistema educativo tradicional, las agudizaron y crearon nuevas: la desestructuración del sistema, la ruptura de la unidad nacional educativa, la descalificación del rol docente, la agudización de la brecha educacional entre provincias y sectores sociales, la pérdida de la función educadora de la escuela, la profundización de las
desigualdades, la imposibilidad de apropiación de conocimientos por nuestros chicos y jóvenes, la ausencia de contenidos nacionales, el abandono de orientaciones relevantes para el país, etc.;

. desconocer los resultados perversos que tiene en otros países (Costa Rica, Ecuador, Perú, Filipinas, Indonesia) el canje de "deuda por naturaleza" --¿será éste el "modelo" para el de deuda por educación?-- en los que una entidad internacional o una ONG compra bonos de deuda en el mercado secundario con un fuerte descuento y luego los cambia en el banco oficial a un precio mucho mayor; esos fondos son luego utilizados por la ONG --y no por el gobierno-- para iniciativas particulares de defensa del medio ambiente; de esta forma, aumenta la deuda global ya que se eleva la cotización de los bonos y, además, los entes acreedores
exigen, a cambio, menos plazo para la cancelación de la deuda total;

. desechar la experiencia de los países en que se ha canjeado "deuda por inversiones en desarrollo" (Bolivia, Perú, Ecuador, Nigeria), donde éstos debieron acreditar un historial de reformas estructurales y sociales exigido por el FMI y someterse al monitoreo de su cumplimiento, aún cuando los fondos se destinaran a "ayuda para la pobreza" (Bolivia);

. aceptar la idea --que no es nueva-- de la creación de un mercado educativo para inversionistas externos, tal cual reclama el Banco Mundial para los eufemísticamente llamados"países en vías de desarrollo";

. reiterar el mecanismo de estafa para el fisco y de brillante negocio para los inversores que
significó la privatización de los servicios públicos, cuando se compraron bonos al 20% del valor real --e, incluso, a cifras mucho menores-- y el gobierno de entonces los reconoció al 100% para la compra de varias empresas;

. insistir, de aplicarse tal "modelo", en el método de programas y proyectos, según los principios de la gestión empresaria, al margen del sistema educativo concreto y de sus problemas reales, con los cuestionados criterios de los organismos internacionales y ahora a cargo de ONGs con supuesto prestigio y desde las cuales se contratan "expertos", técnicos y asesores o se compran insumos --en especial, tecnológico dependientes (computadoras)-- y materiales;

. excluir expresamente la infraestructura y los salarios docentes, dos problemas centrales de
política educativa y de justicia intrínseca, ya que los fondos obtenidos por el canje no serían utilizados en tales rubros, sino en "mejorar la calidad educativa", concepto ambiguo y confuso, como si no influyeran en ella ambas variables;

. ignorar que, aunque sea la prestigiosa UNESCO quien oriente tal canje, ésta ha sido influida
en la última década por el discurso economicista del Banco Mundial y, con el reciente reingreso a su seno de Estados Unidos, este país ejercerá en ella su indudable influencia;

. olvidar que la falta de recursos suficientes para la educación y la investigación científico- tecnológica se debe, precisamente, a que éstos se destinaron al pago de la deuda y, durante varios años, el monto pagado anualmente (aproximadamente quince mil millones de dólares/pesos) superó ampliamente el presupuesto educativo total (alrededor de doce mil millones de dólares/pesos) de la nación y las provincias para igual período;

. postergar el logro definitivo de un financiamiento de la educación genuino y permanente que
no debe ser otro que la inversión del Estado a partir de una redistribución de las cargas impositivas para que tributen más los que más tienen y la creación de un fondo especial con asignaciones específicas.

Señor Presidente, Señor Ministro: formulamos estas observaciones con el afán de que la gran esperanza que su gobierno ha sabido despertar en nuestro pueblo no se vea frustrada por decisiones apresuradas e inconsultas. Por ello, les solicitamos:

-- su apoyo al proyecto de ley que varios diputados nacionales de diversos partidos han presentado para constituir una comisión bicameral de análisis y auditoría sobre la legitimidad o ilegitimidad de la deuda;

-- retiren la referencia a representantes de nuestros acreedores del Proyecto Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2004, elaborado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que, en el Punto VII, tercer párrafo, dice: "... destinar un determinado porcentaje de los intereses de la deuda externa (del orden del 1% del monto total anual pagado en concepto de servicios de la deuda) a conformar un Fondo Fiduciario, administrado en conjunto por nuestro país y representantes de nuestros acreedores. Desde este Fondo se financiarán proyectos de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.";

-- se abstengan de proponer el canje de deuda por educación y conocimiento en foros multinacionales y adviertan a países hermanos las previsibles consecuencias de ese proceso;

-- destinen a un fondo especial educativo, como decisión soberana y no negociada, una porción significativa y suficiente del monto previsto para el pago de los intereses de la deuda en los próximos años.

La deuda externa y el financiamiento de la educación y la investigación científico- tecnológica son dos escollos inconmensurables para nuestro crecimiento y democratización. Para ambos existen soluciones que defienden el interés nacional.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2003

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4.2.- [DIALOGO 2000 AR] (FWD) DIPUTADOS NACIONALES DENUNCIAN QUE EN ELCANJE ...

Enviado por DIALOGO 2000

Fecha de Envío: Martes, 05 de Abril de 2005 06:43 p.m.

DIPUTADOS NACIONALES DENUNCIAN QUE EN EL CANJE DE DEUDA LA ADHESION FUE MENOR DEL 65%

Están en juego 4.700 millones de U$S de premio a los bonistas y 60 millones de U$S de premio por comisiones a los bancos.

Adjuntamos copia de carta de los diputados nacionales Mario Cafiero, Claudio Lozano
y Alicia Castro al Presidente de la Nación.

Buenos Aires, 26 de marzo del 2005

Sr. Presidente de la Nación
Dr. Néstor Carlos Kirchner
S/D
______________________

Asunto: Pedido de audiencia urgente a los efectos de plantear la existencia de graves anomalías en la cifra de aceptación del canje de deuda

De nuestra consideración:

Los diputados nacionales abajo firmantes, solicitan ser recibidos por Ud. con carácter de suma urgencia, a los efectos de plantear la existencia de muy graves anomalías en la determinación del porcentaje de aceptación de la operación del canje de deuda que está a punto de finiquitarse.

Como en función de la cifra de aceptación del canje se determinan las comisiones a los bancos colocadores (si supera el 66%) y asimismo se autoriza la emisión de deuda adicional (si supera el 70%), un inflamiento del cálculo de la misma podría llevar a la emisión de deuda fraudulenta y a pagos de comisiones indebidas a los bancos colocadores.

Concretamente entendemos que en vez de obtener el porcentaje de adhesión al canje mediante un simple cociente entre el valor de los bonos en default que entraron al canje (ó Títulos Elegibles canjeados) como dividendo; y el valor de los bonos que se encontraban en default al 31/12/01 (Títulos Elegibles) como divisor, expresados en dólares a la cotización de esa fecha, se ha instrumentado un mecanismo que infla
artificialmente el porcentaje de adhesión, mediante dos vías distintas:

* El cambio unilateral de la fecha de valorización en dólares de los bonos, tomando al 31-12-01 para el divisory el 31-12-03 para el dividendo, aprovechando de esta manera la enorme revaluación del euro frente al dólar en ese periodo.

* El agregado unilateral al dividendo de títulos de la deuda receptados en el canje, provenientes de la reversión de prestamos garantizados que se estaban pagando, que por lo tanto no figuraban en el stock de deuda en default correspondiente al divisor.

Entendemos que si no se usarán estos dos artilugios engañosos, el porcentaje de adhesión real sería menor al 65% y por lo tanto no habría que pagar 60 millones U$S de comisiones adicionales a los 223,6 millones de U$S ya comprometidos a los bancos organizadores; ni tampoco emitir deuda pública adicional por un monto de 4.700 millones de U$S. En caso que este falaz mecanismo de cálculo sea convalidado por Ud. queremos señalarle respetuosamente que ello acarreará graves responsabilidades políticas, penales y civiles.

Además de esta cuestión vemos con suma preocupación la posibilidad que en el contrato de fideicomiso que resta aprobar, se inserten cláusulas aceptandoque la deuda rescatada quede en garantía de la nueva deuda a emitirse, lo que desnaturalizaría enteramente la operación de reestructuración o canje de deuda, al no existir novación, o sea extinción de la deuda vieja, entendiendo por lo tanto que una operación de esta naturaleza estaría fuera de las facultades del Poder Ejecutivo. Al respecto informamos que con motivo de la sanción del DNU 1387/01 que consagró una cláusula de la misma naturaleza, existe una denuncia penal que se está tramitando ante la Justicia.

A la espera de ser recibido con carácter de suma urgencia por UD. antes del cierre de la operación de canje,saludamos al Sr. Presidente atte.

Adj: Remitimos copia de las preguntas sobre esta cuestión dirigidas al Sr. Jefe de Gabinete para el informe de la marcha del gobierno ante la Cámara de Diputados prevista para el próximo miércoles 31 del corriente.

Decreto 1911/04

Art. 3° — Establécese que el nivel de aceptación del SESENTA y SEIS DOS TERCIOS POR CIENTO (66 2/3%) del total del valor nominal residual de los Títulos Elegibles establecidos en el punto 5 (a) del Convenio con los Coordinadores Colocadores ("Dealer Manager Agreement") aprobado en el Artículo 1° del presente decreto, y en el punto 2.b) de los Términos y Condiciones para los Colocadores Principales para la REPUBLICA
ARGENTINA detallados en el Anexo II aprobado en el Artículo 2° del presente decreto,e medirá por el cociente entre:

I. El valor nominal residual total de los Títulos Elegibles Canjeados, tomándose para el caso de
títulos denominados en monedas diferentes al DOLAR ESTADOUNIDENSE el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2003 establecido en el Anexo I del Decreto N° 1735/04, menos (a) el valor nominal residual de los Títulos Elegibles Canjeados, de acuerdo a la información brindada por los entes reguladores correspondientes, por (i) Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, (ii) Entidades Financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (siempre que dichos títulos pertenezcan a sus carteras propias), (iii) Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación, (iv) Fondos Comunes de Inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores, todos ellos en su conjunto los "Inversores Institucionales Argentinos", y (b) los Títulos Elegibles Canjeados gobernados por la ley de JAPON; y II. el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS MILLONES (U$S 79.700.000.000), correspondiente al monto de valor nominal residual al 31 de diciembre de 2001 de los Títulos Elegibles establecido en el Anexo I del Decreto N° 1735/04, menos (a) el valor nominal residual de los Títulos Elegibles mantenidos al 31 de diciembre de 2004, de acuerdo a la información brindada por los entes reguladores correspondientes de los Inversores Institucionales argentinos, y (b) los títulos gobernados por la ley de JAPON.

PREGUNTAS AL SR JEFE DE GABINETE

PREGUNTAS EN RELACION AL CANJE DE DEUDA:

1)Atento las muy graves inconsistencias e incoherencias que se manifiestan en el art. 3 del decreto 1911/04 referido al calculo del porcentaje de adhesión al canje a los efectos de determinar los honorarios de los bancos organizadores intervinientes; y concomitante, de la mayor emisión de bonos Par prevista en el prospecto del canje; al haberse previsto emplear en dicho articulo, en forma totalmente inadecuada e inusitada, dos tipos de cambios distintos para el dividendo y el divisor, se le pide al Sr Jefe de Gabinete que
informe: ¿como se llegó a los porcentajes de adhesión informados públicamente, con detalle de su calculo paso a paso?

2)Informe detalladamente ¿como seria el resultado de adhesión al canje, con detalle de su calculo paso a paso, ante el caso que se tomara como única fecha base de calculo, a los efectos de la conversión de la deuda en dólares estadounidenses, la correspondiente al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre del 2001.?

3)Informe detalladamente ¿Cuál es la cuantía de los títulos públicos canjeados provenientes de la reversión de los prestamos garantizados cuyo pago se estaba cumpliendo, valorizados al tipo de cambio del 31 diciembre del 2001, e informe si estos fueron tenidos en cuenta para el calculo del porcentaje de adhesión de la deuda en default, pese a tratarse de deuda performing?.

4)Informe en consecuencia, teniendo en cuenta lo expresado en los puntos anteriores,¿cual seria el valor nominal residual de los títulos que no se adhirieron al canje, calculados en dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre del 2001.?

5)Informe supletoriamente, siguiendo la misma metodología de discriminar y unificar el tipo de cambio de los tres puntos anterior, ¿como seria el resultado de adhesión al canje, si se lo calculara con el tipo de cambio correspondiente al 31 de diciembre del 2003, e informe complementariamente cual seria la cuantía y porcentaje de los bonos que no se adhirieron al canje?.

6)Atento las graves responsabilidades civiles y penales que podrían surgir de la errada metodología establecida en el art. 3 del decreto antes mencionado, que podría llevar a concretar pagos de honorarios y mayor emisión de títulos de deuda, que tendrían carácter de fraudulentos, se pide al Sr. Jefe de Gabinete que informe si tanto esa Jefatura como el titular del Poder Ejecutivo ¿estaban al tanto la errada y engañosa metodología establecida en el art. 3 del decreto 1911, o si su elaboración es exclusiva responsabilidad del Sr.
Ministro de Economia.?

7)Atento lo informado en la Nota de pagina 26 del Anuncio Final de la Oferta de Canje efectuada por el Ministerio de Economia el 18 de Marzo ppdo. consignando que los bonos elegibles no presentados al canje “pueden permanecer impagos indefinidamente”, se pide al Sr. Jefe de Gabinete que exprese que ¿Si ello representa un virtual repudio de esa porción de la deuda y si se ha contado con el debido asesoramiento
legal de los entes oficiales pertinentes para tomar fundadamente una medida de esa naturaleza?

8)Atento al desconocimiento por parte de este Congreso del texto del contrato de fideicomiso que se ha firmado o debe firmarse inminentemente con el Banco de Nueva York, se solicita al Sr. Jefe de Gabinete que presente un ejemplar del mismo, ya sea este formalizado o en borrador; e informe particularmente, atento al principio de “capital reinstantement” que se acostumbra a plantear en las finanzas internacionales, el destino que se le dará a los bonos elegibles rescatados: ¿ si ellos volverán a manos de la Republica Argentina, o permanecerán en garantía en manos del fiduciario, hasta la total cancelación de la deuda nueva.?.Ante el caso de que se haya aceptado esta ultima medida,se pide al Sr. Jefe de Gabinete que informe si el Poder Ejecutivo ha analizado con la intervención de los entes correspondientes, si el Poder Ejecutivo se encuentra facultado sin la expresa intervención del Congreso, para aceptar una cláusula cuasi extorsiva de esta naturaleza, ya que en definitiva de existir ella, no se trataria de una reestructuracion o canje de deuda, al no existir novacion y extincion de la deuda vieja. Además no existiría quita o esta seria solo condicional, ya que se trataría de solo una facilidad o dispensa condicional, sujeta expresamente al estricto cumplimiento de los pagos de la deuda nueva.

9)Atento que el cierre definitivo del canje y la emisión de los nuevos títulos se debe efectuar el 1 de Abril próximo, y de que la denominada ley cerrojo no fija plazo para que el Poder Ejecutivo informe al Congreso sobre los resultados del canje, en aras de la indispensable transparencia con que debe llevarse a cabo y finiquitarse la operación, y frente a las eventuales responsabilidades políticas, penales y civiles que podrían surgir respecto los funcionarios y mandatarios intervinientes, incluido el presidente de la Nacion, se pide al Sr. Jefe de Gabinete que esta información sea brindada ineludiblemente en su informe del próximo miércoles, sin evasivas, cortapisas ni subterfugios a los que nos tiene acostumbrados el Sr. Ministro de Economia, exhortando por lo tanto a su personal intervención para que la confección de la misma sea elaborada correctamente como corresponde.

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:: EL SALVADOR

5.1.- EL SALVADOR/ DESAPARECIDOS / EL GOBIERNO DEBE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH

Enviado por Cristina Mihura

Fecha de Envío: Sábado, 02 de Abril de 2005 03:20 a.m.

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL
1 de abril de 2005
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR290032005

AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA

Numero del Servicio de Noticias: 079
1 de abril de 2005

El Salvador: El Gobierno debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las niñas Serrano

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública el pasado 29 de Marzo, en la que condena al Estado de El Salvador en el caso de la "desaparición" de las hermanas Serrano durante el conflicto armado interno.

En su sentencia, la Corte Interamericana establece que El Estado de El Salvador violó los derechos humanos de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz --"desaparecidas" desde junio de 1982, a la edad de tres y siete años respectivamente, en el transcurso de un operativo militar en el departamento de Chalatenango -- y de sus familiares al no llevar a cabo una investigación efectiva y con la debida diligencia en un plazo razonable.

"La decisión de la Corte es una nueva esperanza para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en El Salvador. Ahora es la responsabilidad del gobierno salvadoreño de cumplir con las recomendaciones y acabar con la impunidad." dijo Amnistía Internacional.

La sentencia establece que el Estado de El Salvador tiene la obligación de determinar el paradero de las niñas, investigando efectivamente los hechos y, en su caso, juzgando y sancionando a los responsables. Para ello, la Corte estima que el Estado debe crear una Comisión Nacional Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos con participación de la sociedad civil, una página web de búsqueda y un sistema de información genética.

Como medidas de reparación la Corte ordenó al Estado de El Salvador a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y sus
familiares, publicar la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional y designar un día dedicado a los niños y niñas"desaparecidos" durante el conflicto armado interno. Por último, la Corte
establece la obligación del Estado de brindar gratuitamente el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas.

Esta es la primera vez que la Corte Interamericana conoce un caso contra el Gobierno de El Salvador por violaciones a los Derechos Humanos. El caso fue presentado a la Corte Interamericana en junio de 2003, tras el incumplimiento del gobierno salvadoreño con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas en febrero del 2003.

Información general

El conflicto armado en El Salvador, entre 1980 y 1992, dejó como saldo unas 75.000 víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y "desapariciones". Centenares de los"desaparecidos" eran niños. Algunos fueron ingresados en orfanatos; otros fueron adoptados tanto en El Salvador y en otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido.

En Marzo de 1993 el Estado de El Salvador decretó la "Ley de Amnistía General" evitando así posibilidad de juzgar a los responsables por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de El Salvador y conformado un marco de impunidad.

El 5 de octubre de 2004 el gobierno de El Salvador creó la "Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador". No obstante, se estableció que dicha Comisión estaría integrada solamente por autoridades estatales.

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5.2.- EL SALVADOR/ DESAPARECIDOS / CIDH NOTIFICA SENTENCIA Y ORDENA NO APLICAR LEY DE AMNISTIA

Enviado por Cristina Mihura

Fecha de Envío: Sábado, 02 de Abril de 2005 03:18 a.m.

El Diario CoLatino - 30 Mar 2005

CIDH notifica sentencia y ordena no aplicar Ley de Amnistía

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cort.IDH), con sede en San José, Costa Rica, notificó al gobierno de El Salvador, ayer, la sentencia emitida el 1 de marzo de este año, en torno a la desaparición de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, durante el pasado conflicto armado de los años 80´s.

Y a la vez aclaró que aún cuando en El Salvador, existe una Ley de Amnistía General, “y que ha sido aplicada en otros casos”, ésta no debe ser obstáculo para el cumplimiento de la sentencia.

La Corte ordenó al Estado salvadoreño “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria”.

Las niñas Serrano Cruz desaparecieron durante el conflicto interno salvadoreño, en uno de los operativos militares de mayor envergadura conocido como “la Guinda de Mayo”.

En junio de 1982, la familia Serrano se vio obligada a abandonar su casa por temor a ser asesinada por las fuerzas armadas. Las niñas fueron escondidas en la montaña por su hermana mayor y fueron halladas por los soldados, quienes se las llevaron. Al día de hoy se desconoce su suerte.

En el país, la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador ha trabajo en la búsqueda de más de 721 denuncias de desaparición forzada de niños y niñas ocurridas durante el conflicto armado de 1980 a 1992. De estos, 246 casos han sido resueltos por la organización; 126 niños fueron dados en adopción en el extranjero, otros 40 fueron apropiados por militares, 14 terminaron viviendo su juventud en hogares infantiles y aproximadamente 12 fueron asesinados.

El Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), se pronunció a favor de la sentencia en contra del estado salvadoreño, y llamó a que se cumpla la misma, reparando daños morales y materiales, con la familia de las víctimas.

El CEJIL ratificó que en la sentencia la CIDH declara que el Estado salvadoreño violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las niñas y sus familiares: “Al no garantizar una investigación efectiva, diligente, y realizada dentro de un plazo razonable con el doble fin de encontrar el paradero de las hermanas Serrano y de identificar, procesar y sancionar a los responsables de su desaparición”.

La Corte, prosigue CEJIL, reconoce que fueron violados los derechos a la integridad personal de la familia Serrano, la obstaculización en la investigación sobre su paradero y la falta de investigación,
identificación y sanción para los responsables de los hechos.

En la sentencia se estableció que el Estado salvadoreño debe determinar las siguientes medidas: “poner en funcionamiento una Comisión Nacional de Búsqueda y Participación de la sociedad Civil en la misma; crear una página web de búsqueda para que personas con situaciones similares tengan acceso a
información que permita encontrar a sus familiares desaparecidos; y, la creación de un sistema de información genética para facilitar la identificación y reconocimiento de padres e hijos desaparecidos en el
conflicto”.

Asimismo, les exige la reparación, que incluye “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en desagravio a las víctimas y sus familiares, en el cual deberán participar las más altas autoridades estatales; publicar en el Diario Oficial y otro diario de circulación nacional algunas partes de la sentencia y sus puntos resolutivos; designar un día dedicado a los niños desaparecidos durante el
conflicto armado interno; brindar de manera gratuita y por medio de instituciones especializadas atención médica y psicológica que requieran los familiares de las víctimas y en caso de que Ernestina y Erlinda sean
encontradas con vida, brindarles el tratamiento que requieran”.

Para CEJIL, esta primera sentencia de la Corte Interamericana en contra de El Salvador constituye una luz de esperanza para todas aquellas personas que perdieron a sus hijos durante el conflicto interno, pues la desaparición de las hermanas Serrano no es un caso aislado.

Pero, lo más importante para CEJIL en este caso es la oportunidad para que el Estado salvadoreño haga frente a la deuda de reparación integral por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.

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5.3.- EL SALVADOR/ DESAPARECIDOS / EL SALVADOR OBLIGADO A CUMPLIR SENTENCIA DE LA CIDH

Enviado por Cristina Mihura

Fecha de Envío: Sábado, 02 de Abril de 2005 03:18 a.m.

Houston Chronicle - 30 Mar 2005

El Salvador obligado a cumplir sentencia de la CIDH

© 2005 The Associated Press

El Salvador está obligado a cumplir con la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de las niñas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, afirmó el sacerdote jesuita Jhon Cortina.

"El Estado (salvadoreño) está obligado a cumplir, ésta es una sentencia que es vinculante y debe ser cumplida", dijo a la AP el sacerdote jesuita, que dirige una agrupación dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos durante la guerra.

"El Estado debe cumplir con la sentencia porque en 1978 firmó, se adhirió y reconoció la jurisdicción de la Corte", afirmó María Julia Hernández que encabeza la oficina de Tutela Legal del Arzobispado capitalino.

Al consultar al presidente Tony Saca, afirmó en conferencia de prensa que no tiene el informe completo de la Comisión.

"Voy a pedirle a los abogados de Casa Presidencial que hagan un análisis completo y voy a reaccionar posteriormente. No tengo ninguna opinión en este momento", agregó.

La oficina de comunicaciones del ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a la AP que aún no reciben el documento oficial.

La Corte declaró que el Estado salvadoreño violó los derechos a las garantías y protección judiciales de las niñas y sus familiares por no garantizar una investigación efectiva y dentro de un plazo razonable.

Las hermanitas Serrano Cruz desaparecieron en junio de 1982 durante uno de los operativos militares llevador a cabo por el ejército durante la guerra civil que concluyó en enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de paz, suscritos por el gobierno y la guerrilla.

"Por primera vez se empieza a tomar conciencia de lo que ha sido toda esta serie de desapariciones forzadas", dijo Cortina que dirige la Asociación Pro Búsqueda de Niños Desaparecidos en la guerra de El Salvador.

Según la sentencia el gobierno salvadoreño debe pedir perdón públicamente a las víctimas y pagar una indemnización a la madre de las víctimas.

Cortina dijo que también se debe "investigar efectivamente los hechos denunciados, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas eliminando todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que impidan el cumplimiento de estas obligaciones".

Señaló que uno de los obstáculos de derecho podría ser la Ley de Amnistía decretada en 1993, por el entonces presidente Alfredo Cristiani de ARENA. La ley impide juzgar a todos los que fueran señalados como responsables de masacres y asesinato durante la guerra (1980-1992).

El sacerdote fue enfático al afirmar que en la desaparición de las hermanitas Serrano Cruz estuvieron involucrados militares, ya que "estas niñas fueron llevadas por (soldados) del Batallón Atlacatl".

Y afirmó que algunos de los niños desaparecidos durante la guerra están en manos de militares. "Tenemos una serie de nombres, casos y de pruebas".

Pero aclaró que quienes buscan a los niños desaparecidos "no queremos venganza, simplemente queremos que la verdad se conozca y que se haga justicia y queremos encontrar a estos jóvenes".

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5.4.- [IGLESIA-PUEBLO] CARTA ABIERTA A ROMERO, POR CASALDÁLIGA

Enviado por Cristian@s de Base

Fecha de Envío: Viernes, 01 de Abril de 2005 02:52 p.m.

Carta Abierta al Hermano Romero

Pedro Casaldáliga

ALAI-AMLATINA 31/03/2005, San Salvador.-

Yo debería estar ahí. y estoy: de alma entera. Esta pequeña Iglesia de São Félix de Araguaia te tiene muy presente, hermano. Estás visible en mi cuarto, en la capilla del patio, en nuestra catedral, en muchas
comunidades, en el Santuario de los Mártires de la Caminada Latinoamericana. Hasta cuando cae un mango sobre el tejado me acuerdo del sobresalto que sentías cuando caían los mangos sobre tu retiro del Hospitalito.

El mes de marzo de 1983 yo escribía en mi diario: "No consigo entender de ningún modo, o lo entiendo demasiado: La fotografía del mártir Monseñor Romero con Juan Pablo II, en unos carteles más que normales para la visita del Papa, ha sido prohibida por la comisión mixta Gobierno-Iglesia de El Salvador. La imagen del mártir duele. Al Gobierno, perseguidor y asesino; y es natural que le duela; que duela a cierta Iglesia. también es natural, tristemente natural.

De todos modos, nosotros, aquí, en este rincón del Mato Grosso, y muchos cristianos y no cristianos de América y del Mundo, celebraremos otra vez, en ese mes de marzo, el martirio de San Romero, pastor bueno de América Latina. A nosotros su imagen nos conforta, nos compromete y nos une; como una versión entrañable del Buen Pastor Jesús."

Y ahora estamos ahí, millones, de muchos modos, celebrando el jubileo de tu testimonio definitivo, aquella homilía de sangre que nadie hará callar. Tú tienes poder de convocación, un poder macroecuménico de santo de los católicos y de los evangélicos y hasta de los ateos. Estamos ahí celebrando, reparando, asumiendo. Tú eres muy comprometedor; a lo Jesús de Nazaret: ese Jesús histórico que tantas veces se nos difumina en dogmatizaciones helenísticas y en espiritualismos sentimentales, el Jesús Pobre solidario con los pobres, el Crucificado con los crucificados de la Historia.

Tenías razón, y eso queremos celebrar también, con júbilo pascual. Has resucitado en tu pueblo, que no va a permitir que el imperio y las oligarquías sigan sometiéndolo, ni va a dejarse llevar por los revolucionarios arrepentidos o por los eclesiásticos espiritualizados. Y resucitas en ese Pueblo de millones de
soñadores y soñadoras que creemos que otro Mundo es posible y que es posible otra Iglesia. Porque así, como va hoy, Romero hermano, ni el Mundo va, ni va la Iglesia. Continúan las guerras, ahora hasta de prevención; continúa el hambre, el paro, la violencia -del estado o de la turba enloquecida-; continúan las falsas democracias, el falso progreso, los falsos dioses que dominan con el dinero y la comunicación, con las armas y la política. Y continúa habiendo mucha Iglesia muda. Hemos pasado de la Seguridad Nacional a la seguridad del capital transnacional y de las dictaduras militares a la macro dictadura del imperio neoliberal.

Son 25 años también de la Conferencia de Puebla. Aquellos rostros, Romero, que son el propio rostro del Jesús "destazado", se han multiplicado en número y en deformación. Aquellas revoluciones utópicas -hermosas y atolondradas como una adolescencia de la Historia- han sido traicionadas por unos, despreciadas olímpicamente por otros y siguen siendo añoradas -de otro modo, más "al suave", en mayor profundidad personal y comunitaria- por muchas y muchos de los que estamos ahí, contigo, pastor del "acompañamiento", compañero de llanto y de sangre de los pobres de la Tierra. ¡Cómo necesitamos hoy que
enseñes a los pobres a "acuerparse" en solidaridad, en organización, en terca esperanza!

Contigo, decía el maestro mártir Ellacuría, "Dios ha pasado por El Salvador", por todo nuestro mundo. Y el teólogo de frontera José María Vigil ha hecho de ti tres rotundas afirmaciones que son, más que verdades para creer, desafíos de urgencia para asumir:

- "Romero: símbolo máximo de la opción por los pobres y de la teología de la liberación.

- Romero: símbolo máximo del conflicto de la opción por los pobres con el Estado.

- Romero: símbolo máximo del conflicto de la opción por los pobres con la Iglesia institucional"

No es que tú dejases de ser "institucional" y comportado. Siempre me admiró en ti la alianza de la disciplina con la libertad, de la piedad tradicional con la Teología de la Liberación, de la profecía más arrojada con el perdón más generoso. Eras un santo haciéndose, en constante proceso de conversión. De ti se ha repetido edificadamente que eras un obispo convertido. Con Dios y con el Pueblo, sin dicotomías. "Yo, decías, tengo que escuchar qué dice el Espíritu por medio de su Pueblo.". Tu homilía del 23 marzo de 1980, víspera de la oblación total, la titulaste precisamente así: "La Iglesia al servicio de la liberación personal,
comunitaria, trascendente".

Te recordamos tanto porque te necesitamos, Romero, hermano ejemplar. Tú nos animas, tú sigues predicándonos la homilía de la liberación integral. Tú sigues gritando "cese la represión", a todas las fuerzas represivas en la Sociedad, en las Iglesias, en las Religiones. Tú nos adviertes que "el que se compromete con los pobres tiene que recorrer el mismo destino de los pobres: ser desaparecidos, ser torturados, ser capturados, aparecer cadáveres", y nos recuerdas que, comprometiéndonos con las causas de los pobres, no hacemos más que "predicar el testimonio subversivo de las bienaventuranzas, que le han dado vuelta a todo".

Confiabas -y no te vamos a defraudar- que "mientras haya injusticia habrá cristianos que la denuncien y que se pongan de parte de sus víctimas". Tu sangre, como pedías, es verdaderamente "semilla de libertad".

Tu memoria no es simplemente nostalgia ni una veneración sacralizada que se queda en el aire del incienso; queremos que sea, vamos a hacer que sea, compromiso militante, pastoral de liberación. Nuestro teólogo, el teólogo de los mártires, Jon Sobrino, nos resume así la tarea evangelizadora y política que, por
fidelidad a tu memoria, nos demanda hoy el Reino: Enfrentarse a la realidad con la verdad; analizar la realidad y sus causas; trabajar por el cambio estructural; llevar a cabo una evangelización madura,
liberadora, crítica y autocrítica; construir la Iglesia como pueblo de Dios; dar esperanza a ese Pueblo que tanto sufre.

Esta semana de tu jubileo, en San Salvador, acabará siendo un sínodo popular, un encuentro de aspiraciones y compromisos dentro de ese proceso conciliar que estamos viviendo, una gran vigilia pascual en torno a ti y a tantas y tantos testigos fieles, conocidos o anónimos, pero todos luminosos en el Libro de la
Vida, seguidores hasta el fin del supremo Testigo Fiel.

"Estamos otra vez en pie de testimonio", te decía yo en el poema aquel. Y estamos de verdad. Somos del gran Foro Social Mundial, con el Evangelio y por el Reino, hacia otro Mundo posible, hacia otra Iglesia -de Iglesias unidas y liberadoras- , hacia otra Patria Grande, Nuestra América del Caribe y del Sur y de la
entrañable América Central; con un Norte otro, hermano también por fin, desimperializado.

Nos anuncian la V Conferencia Episcopal Latinoamericana, posiblemente para 2007 y esperamos que sea en América Latina. Ayuda a prepararla, hermano. Haced celestiales horas extras todos los santos y santas de Nuestra América para que esa Conferencia sea un Medellín, y actualizado.Seguiremos hablando, hermano Romero. Cada día. Tú acompañándonos, desde la Paz total, por el camino arduo y liberador del Evangelio. Tantas veces nos sentimos como los discípulos de Emaús, defraudados, sin rumbo, porque
"pensábamos que. "

Se ha hablado mucho de tu última homilía como de una última palabra tuya, testamentaria. Tú escribiste otra última palabra, más definitiva aún, pero menos conocida. El 19 de abril de ese año de 1980, monseñor Arturo Rivera Damas, administrador apostólico de San Salvador, me escribía: ". nos permitimos incluir aquí la carta que dejó redactada nuestro querido Mons. Romero el mismo día de su asesinato y que esa noche él habría de firmar. Agradeciéndole a usted su solidaridad cristiana con él y con nuestra Iglesia, le pedimos que podamos contar siempre con sus oraciones para que podamos continuar la obra que el Señor y la
Iglesia nos confían y que siguiendo esos criterios Mons. Romero realizó."

Tu carta, Romero, que guardamos en nuestro archivo, timbrada como "reliquia", reza así:

". Querido hermano en el episcopado:

Con profundo afecto le agradezco su fraternal mensaje por la pena de la destrucción de nuestra emisora. Su calurosa adhesión alienta considerablemente la fidelidad a nuestra misión de continuar siendo expresión de las esperanzas y angustias de los pobres, alegres por correr como Jesús los mismo riesgos, por identificarnos con las causas justas de los desposeídos.

A la luz de la fe, siéntame estrechamente unido en el afecto, en la oración y en el triunfo de la Resurrección.

Oscar A. Romero, Arzobispo"

Tu última palabra escrita, y firmada con sangre, no podía ser más cristiana.

Querido San Romero de América, hermano, pastor, testigo: Tú vivías y dabas la vida porque creías de verdad en "el triunfo de la Resurrección". Ayúdanos a creer de verdad en ese triunfo, para vivir y dar la vida como tú, con los pobres de la Tierra, siguiendo al Crucificado Resucitado Jesús.

* Carta enviada por el autor al Congreso de Teología organizado por el Centro Pastoral del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamérica (UCA) de El Salvador. Fue leída el 30 de marzo,
por Mons. Samuel Ruíz.

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:: MEXICO

6.1.- [DDHH] TORTURA: PRACTICA COMUN.

Enviado por FrayBa - comunicación

Fecha de Envío: Martes, 05 de Abril de 2005 08:19 p.m.

A continaución reproducimos el articulo prublicado en la edición del dia de hoy, 4 de abril, del diario La Jornada y que retoma los pronunciamientos de Cejil sobre la tortura como una práctica común.

La tortura, práctica común en México que poco se investiga, afirma el Cejil

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que gestiona una treintena de casos contra el gobierno mexicano ante el sistema interamericano de derechos humanos, señaló que la tortura continúa siendo práctica común en México poco investigada, y consideró muy lamentables las recientes
declaraciones gubernamentales negando ese hecho.

Anunció que su directora para Centroamérica y México, Soraya Long, iniciará hoy una visita a México para solicitar al gobierno federal que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y libere a Alfonso Martín del Campo, quien presuntamente fue torturado para que se confesara culpable del asesinato de su hermana.

La abogada del Cejil Alejandra Nuño consideró un hecho desafortunado que el presidente Vicente Fox presumiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que no hubo tortura en el caso de Martín del Campo Dodd, cuando en realidad el tribunal se declaró incompetente para juzgarlo.

El caso de Martín del Campo comenzó en 1992, antes de que México aceptara la competencia de la corte, en 1998.

Nuño insistió en que el expediente "no está cerrado", a pesar de lo que afirman las autoridades mexicanas, porque están pendientes de cumplirse las recomendaciones de la comisión interamericana en 2002, lo que llevó a ese organismo de la Organización de Estados Americanos a llevar el caso ante la corte.

El desmentido

El miércoles pasado el representante de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass, desmintió en Los Pinos declaraciones del presidente Vicente Fox y del secretario de Gobernación, Santiago Creel, en materia de tortura, al decir que
ésta continúa siendo práctica "extendida'' en México.

En esa ocasión, Fox Quesada presumió que sólo ha habido una denuncia por tortura en contra del actual gobierno ante la corte interamericana, pero dijo que fue totalmente aclarada la "inexistencia" de esa práctica.

La abogada del Cejil, organismo de defensa y promoción de los derechos humanos que tiene su sede en Costa Rica, fue entrevistada vía telefónica y señaló que la tortura sigue vigente en México; sin embargo, expresó, el problema es que no se investiga.

Actualmente el Cejil asesora una treintena de casos contra México, entre los que se encuentran algunos de confesiones arrancadas bajo tortura en este sexenio.

Igualmente solicitó medidas cautelares para una persona detenida y torturada en Querétaro en 2001, explicó Nuño.

Indicó que las labores puestas en marcha en este sexenio para la prevención de la tortura han sido deficientes. Señaló que el Protocolo de Estambul, el cual asegura una investigación seria e imparcial para esclarecer acusaciones de ese tipo, sólo lo aplica la Procuraduría General de la República, cuando en otros
países se ha conformado un grupo de peritos independientes que aseguran imparcialidad en los peritajes.

Consideró desafortunadas las declaraciones de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, quien dijo que el caso de Martín del Campo lo "ganamos en la corte internacional porque demostramos que no se había cometido tortura contra el ciudadano que lo alegaba'', palabras que después fueron retomadas por Fox.

"Es riesgoso que Olamendi dé una versión que no es la correcta, tanto al Presidente de la República como a la sociedad mexicana, porque ella es la responsable de la institución que da la cara ante los organismos internacionales en materia de derechos humanos", afirmó Nuño.

El Cejil buscará que, independientemente de que la corte no haya analizado el caso a fondo, la CIDH pida explicaciones al gobierno mexicano por el incumplimiento de sus recomendaciones.

El 22 de octubre de 2002 la CIDH emitió un informe en el que responsabilizó al gobierno mexicano de violar los derechos en perjuicio de Martín del Campo, recluido actualmente en un penal de Hidalgo.

En esa resolución la CIDH recomendó al gobierno mexicano liberar a Martín del Campo y reparar los daños sufridos, así como investigar de manera completa, seria e imparcial a todas las personas que participaron en la comisión de esos atropellos a las garantías básicas.

http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050404/015n1pol.php

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6.2.- CARTA AL MUNDO DE ANTONIO CEREZO P.P. EN MEXICO

Enviado por rojas oriana

Fecha de Envío: Lunes, 04 de Abril de 2005 12:09 p.m.

Carta al Mundo de Antonio Cerezo
12 de febrero de 2005 (día 27 en Matamoros)

Carta al Mundo

“Por que está atado, amarrado

tiene el corazón suelto”

Jaime Sabines

Disculpa, Mundo, por la tardanza, pero sucedieron varios acontecimientos que me impedían escribirte.

No sé cómo estás, desde hace 30 días no tengo noticias de ti, pues no tengo cómo obtenerlas: no tengo TV, ni radio, no he leído periódicos o revistas, poco, casi nada sé de ti.

¿Se celebraron elecciones en Irak? Eran el 31 de enero, creo. ¿Ya inicio Bush su segundo periodo como presidente de los EU? ¿Cómo estará la situación en Indonesia y los demás países afectados por el maremoto de los últimos días de diciembre? ¿Ya desaforaron a López Obrador?... Tantas preguntas y tan pocas respuestas…. Así seguiré otro tiempo más, no se cuanto exactamente, pero espero que no sea mucho.

Cómo entenderás no puedo opinar gran cosa sobre los últimos acontecimientos, así que te voy a escribir un poco de mí y mis hermanos. Como sabes mañana (domingo13) cumplimos 3 años y seis meses de prisión, pero los cumpliremos en otras condiciones, diferentes, muy diferentes a las que vivíamos hace un mes.

El día 16 de enero (día en el que Héctor cumplió 26 años) trasladaron de La Palma al Centro de exterminio número 2 en Jalisco a Héctor y ese mismo día, en el mismo helicóptero, a mi me trasladaron al Centro de exterminio número 3 en Matamoros, Tamaulipas.

Se muy poco de todo lo que se ha dicho en torno a nuestro traslado… perdón antes de seguir Ale sigue en La Palma, pero se a grandes rasgos los argumentos que ha dado el Gobierno para hacerlo: éramos peligrosos para la Institución donde estábamos, porque la desestabilizábamos organizando huelgas de hambre en coordinación con otros presos. Nada más falso.

Nosotros pensábamos que nos podían trasladar, no por eso sino por lo que había sucedido en el mes de noviembre en Tláhuac. Pensábamos que el gobierno buscaría venganza, pues políticamente no había salido bien parado en ese asunto y por como había manejado la información.

Además había otro problema (para ellos) que les incomodaba: se habían conformado otros dos Comités Cerezo por nuestra libertad, uno en Xalapa y otro en Oaxaca y nuestros apellidos por una u otra buena razón se mencionaban en las secciones culturales de algunos periódicos. Las campañas de difusión de nuestro caso en Universidades sensibilizaba a estudiantes, maestros y hacía que se solidarizaran con nosotros y “Revuelta” era bien recibida y al parecer hasta se ganaba nuevos lectores.

De una u otra manera había, y hay todavía, mucha gente solidaria que no nos abandona, pero sobre todo que no creía ni cree que fuésemos culpables de lo que se nos acusa y que por sobre todo no cree que seamos delincuentes.

Todo lo que hemos hecho por difundir el caso es para demostrar que no somos delincuentes, sino presos de conciencia.

Todo lo que hace el gobierno es con el objetivo de presentarnos como peligrosísimos delincuentes, pero también de cobrarse el hecho de que no ha podido, hasta hoy, detener a nuestros padres. Asunto, este último muy delicado. ¿Por qué? Bueno, Mundo, te explico, a mi padre lo acusan de ser el dirigente del EPR (Ejército Popular Revolucionario), no es una acusación formal hecha por las autoridades y anunciada con bombo y platillo como un gran descubrimiento, es, más bien, el chisme, el corrillo que se ha filtrado y que varios seudo analistas y seudo periodistas manejan en sus artículos de confusión.

Siendo cierta o no esta información, lo real es que mis padres en sus cartas comentan que son perseguidos por el Estado y son luchadores sociales.

Algo que mi madre nos escribió hace meses (en agosto de 2004, creo) se confirma: nos están cobrando el ser hijos de luchadores sociales, el hecho de ser sus hijos.

Somos algo así como un pequeño trofeo para las autoridades, somos algo así como sus rehenes con los que pueden desquitar su coraje y su frustración.

Por supuesto, esto no será reconocido jamás por el Gobierno actual por que sería reconocer que la ley es aplicada con fines políticos y que por eso mismo ni es ciega ni es imparcial. Ellos jamás cambiarán el discurso de que somos “pone-bombas”, “desestabilizadores de penales de máxima seguridad”, por que tras ese discurso justifican nuestra prisión y nuestra estancia en penales de máxima seguridad.

La intención del gobierno es presentar un caso evidentemente político como un asunto de combate a la delincuencia.

Ahora espero que comprendas, Mundo, el porqué de nuestro traslado y el porqué ahora estoy en confinamiento solitario.

Expuesto lo anterior te escribo cómo vivía y qué podía hacer en La Palma y cómo vivo aquí y qué puedo hacer.

Antes tenía derecho a tres llamadas por teléfono de 10 minutos a la semana, mi hermana me visitaba cada mes y medio, mi novia cada mes en promedio por sala de visita familiar.

Hoy tengo derecho a una llamada de 10 minutos cada 8 días, mi hermana por la distancia y el dinero no me podrá visitar cada mes y medio y mi novia sólo me podrá ver una hora por locutorios, dice la trabajadora social que esto último es así desde enero, yo no sé.

Antes viva en el módulo 1 en una celda individual, trabajaba y podía platicar con mi hermano Ale diario, además de salir al patio y jugar futbol o básquet con otros presos.

Hoy vivo en el Centro de Observación y Clasificación (COC) en una celda individual con cámara de video, no tengo trabajo, no puedo platicar con Ale ni con nadie, sólo tengo dos horas de patio a la semana (martes y jueves) y no puedo jugar fútbol ni básquet porque estoy solo y el patio mide unos 15 x 15 metro y hay dos cámaras que me vigilan.

Antes podía ver tele, escuchar música, leer periódicos y revistas, hoy no tengo tele, ni radio y aquí no se aceptan ni periódicos ni revistas.

Total que lo único que si puedo hacer es tener tres libros de biblioteca a la semana, y media hora de círculo de lectura, puedo escribir y caminar mucho de un lado a otro de la celda.

Y todavía preguntan que porqué considera uno que esto es un castigo.

En fin, se que podría ser peor, pero no deja de ser un cambio drástico, finalmente, como dirían en la cárcel “el cuero de preso es grueso”, así que hay que adaptarse al lugar en donde estamos, y, como diría mi madre, no rompernos, no desesperarnos, mejor aprovechar lo mejor posible lo poco que tenemos y que podemos hacer porque uno nunca sabe con estas autoridades.

Por lo demás me dan de comer tres veces al día, la comida no es mala, tengo tres mudas de ropa, zapatos, me dan donación cada semana, (una jabón de baño, un rollo de papel higiénico a la semana y un rastrillo), duermo y cómo me hice a la idea de que si me trasladaban mi actitud debía ser que de lo perdido lo que se aparezca, trato de sobrellevar la situación aunque a decir verdad no es muy fácil.

En fin, Mundo, ya casi se cumple un mes de este cambio drástico y así como no queriendo la cosa ahí vamos poco a poquito ganándole terreno a la tristeza, ala preocupación y pensando en que debemos resistir, en que debemos hacer acopio de valor, de fuerza y de entereza, para sobrellevar esto con dignidad todo el tiempo que dure.

Otra cosa, Mundo, deseo agradecer a todas las personas y organizaciones que se han manifestado contra esta medida de represión en nuestra contra. Gracias por su solidaridad, su tiempo y su esfuerzo por vernos libres o en todo caso en mejores condiciones de reclusión.

Sé también (me dijo mi hermano Francisco) que el magistrado se había comprometido a entregar el proyecto de resolución del Amparo Directo en este mes.

La verdad, poca confianza tengo en la “justicia” que nos ha juzgado, no creo que la resolución del amparo nos favorezca y es más pienso que esta medida esencialmente política contra nosotros será la justificación de una solución jurídica adversa en nuestro caso, bueno , Mundo, que estés, aunque sea un poquito mejor que antes.

Me despido

¡Hasta la victoria siempre!

PD. En esta celda como leí en La Jornada que decía un letrero en una comunidad zapatista, “se puedo todo, menos rendirse”.

A tres años y cuatro meses del asesinato de Digna Ochoa

A tres años y seis meses de prisión ilegal e injusta.

Preso de conciencia, Antonio Cerezo Contreras.

Cefereso #3 “Matamoros”, Tamaulipas, México

(Esta carta salió en marzo 26, durante la visita de su hermana Emiliana)

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:: PERU

7.1.- REGALA TUS PALABRAS-PRESO PERU

Enviado por Red Acciones Urgentes, Amnistia Internacional

Fecha de Envío: Martes, 05 de Abril de 2005 06:18 p.m.

Hola a todos,

como recordareis estas navidades en la acción de Regala tus Palabras trabajamos sobre tres presos, uno de ellos de Perú: LUCIO VILCA GALINDO. Con gran alegría os informamos que LUCIO recobró la libertad el 21 de marzo de 2005. Se confirma que se encuentra en casa con su mujer y hijos.

Este "preso inocente" fue acusado de delitos de "terrorismo" y pasó diez años encarcelados. El primer proceso y la condena a cadena perpetua fueron declarados nulos y se inciaron dos nuevos procesos y eran estos dos procesos los que estaban bajo investigación por la Fiscalia mientras desarrollábamos la acción. No cabe duda que las 50.000 postales que se han distribuido para remitirles directamente a los presos, y los 10.300 mensajes recogidos a través de la web que les hicimos llegar a cada uno de ellos enviados por los socios, apelantes de la red de acciones urgentes y simpatizantes de AI contribuyeron a su liberación.

ENHORABUENA A TODOS Y MUCHAS GRACIAS POR VUESTROS ESFUERZOS.

María del Pozo Sierra

Departamento de Campañas e Investigación
Sección española de Amnistía Internacional

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7.2.- POR JUICIO JUSTO A POLAY CAMPOS

Enviado por Rina Bertacini

Fecha de Envío: Sábado, 02 de Abril de 2005 10:53 p.m.

Estimados compañeros: les enviamos esta carta de la mamá de Víctor Polay Campos dirigente político peruano encarcelado desde hace largos años. El MOPASSOL suscribe este pedido y les pedimos estudien la posibilidad de brindar su apoyo a título personal o como organización. Es urgente responder teniendo en cuenta lo que explica la carta. Gracis, saludos.

Ing. Rina Bertaccini
Secretaria general del MOPASSOL
Co presidenta del Consejo Mundial de la Paz

 

Favor de hacer llegar las adhesiones a
rinaber@datamarkets.com.ar

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POR UN JUICIO JUSTO
Lima-Perú
2005

A LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA

Desde hace más de doce años Víctor Polay Campos se encuentra encarcelado cumpliendo una condena de cadena perpetua, dictaminada por "jueces sin rostro" designados por la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos. Durante estos años ha estado sometido a una carcelería inhumana por no someterse a las amenazas y dádivas de la dictadura.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación -que investigó las violaciones a los Derechos Humanos en el Perú- estableció que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que lideró Víctor Polay, "...reivindicó sus acciones, sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil y se abstuvieron de atacar a la población inerme..."

Mi hijo, Víctor Polay Campos se encuentra encarcelado en la Base Naval del Callao, junto a otros seis prisioneros. Es importante señalar que existen sólo dos recintos militares en el mundo donde se mantienen encarcelados s civiles: la Base Militar norteamericana de Guantánamo, en Cuba, y la Base Naval del Callao, en Perú. Las condiciones carcelarias infrahumanas en que ha permanecido por más de doce años han sido comprobadas y denunciadas por diversos organismos internacionales de Derechos Humanos, omo..."régimen arbitrario e inhumano...",junto a ello han recomendado -insistentemente - al Estado peruano "el inmediato traslado de todos los internos hacia otro centro de reclusión".

De acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la intervención de la OEA en la superación de la crisis de la dictadura fujimorista, es que hoy se han realizado nuevos procesos para los prisioneros políticos del Perú.

Víctor Polay Campos debiera ser procesado próximamente en un nuevo juicio oral, ordenado por mandato del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Naciones Unidas por comunicación Nº 577/1994. Apelamos a que este mandato sea cumplido por la justicia peruana, demostrando vocación democrática, dando así señales que contribuyan a cicatrizar las heridas de una dolorosa etapa política.

Como madre, solicito apoyo para denunciar las aberraciones jurídicas y de régimen carcelario que ha sufrido mi hijo por más de doce años y terminar con su injusta prisión.

Sólo pedimos un JUICIO JUSTO para mi hijo, Víctor Polay Campos.

Otilia Campos Vda. de Polay

Respaldan esta solicitud:

Organizaciones:

Personas

Nombre

Documento de Identidad Ocupación y/o profesión

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:: URUGUAY

8.1.- REPU 6-4-05, CRÍMENES MICHELINI-GUTIÉRREZ RUIZ: PIDEN INDAGAR Y PROCESAR A BORDABERRY Y BLANCO

Enviado por Alberto Hein Picó

Fecha de Envío: Miércoles, 06 de Abril de 2005 07:33 a.m

Los familiares de las víctimas se basarán en documentos oficiales de Argentina y Estados Unidos, desclasificados hace pocos años.

Mediante ampliación de denuncia probarán que cometieron delitos de "lesa humanidad"

Crímenes Michelini-Gutiérrez Ruiz: piden indagar y procesar a Bordaberry y Blanco

Los abogados de la familias de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976 durante el"Plan Cóndor", evalúan presentar "una ampliación de denuncia" que comprobaría la responsabilidad del ex canciller, Juan Carlos Blanco, y del entonces presidente de facto, Juan María Bordaberry, en múltiples acciones criminales de "lesa humanidad".

La ampliación de denuncia ante el juez en lo penal de 11º Turno, Roberto Timbal, que sería presentada en los próximos días por los doctores Hebe Martínez Burlé y Walter De León, se basará en los varios documentos oficiales que fueron desclasificados por los gobiernos de Argentina y de los Estados Unidos, que involucran a Blanco y Bordaberry en el homicidio de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Los documentos implican a Blanco y Bordaberry en la comisión de delitos de"lesa humanidad", los que, según el derecho humanitario internacional son inamnistiables, imprescriptibles, y perseguibles de oficio, incluso bajo la jurisdicción de cualquier país del mundo.

Según trascendió, entre los documentos figura un informe de un funcionario de la delegación diplomática de los Estados Unidos en Buenos Aires que reveló a sus jerarcas administrativos que ambos legisladores venían siendo perseguidos, antes de ser asesinados.

También incluirá documentos de Migraciones y la Gendarmería de la República Argentina donde consta que Blanco ordenó "invalidar" el pasaporte de Michelini, y donde quedó registro que Bordaberry remitió al país hermano"una requisitoria" contra Gutiérrez Ruiz.

La invalidación del pasaporte impidió que Michelini pudiera viajar a los Estados Unidos, para celebrar una concertada audiencia con el congresista demócrata Edward Kennedy, ante quien denunciaría las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en UruguLa requisitoria contra Gutiérrez Ruiz obstaculizó los movimientos habituales de quien presidiera la Cámara de Representantes, hasta el 27 de junio de 1973, cuando Bordaberry disolvió por decreto el Poder Legislativo, al cometer un "atentado contra la Constitución".

El escrito de los abogados de las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz pedirá al juez Timbal que Blanco y Bordaberry sean citados como"indagados", y luego procesados, por los delitos que les sean imputables en
virtud de la abundante prueba aportada a la sede.

Los familiares denunciantes consideran que Michelini y Gutiérrez Ruiz podrían haber escapado de sus verdugos si los dos acusados, Blanco y Bordaberry, no hubieran coordinado la captura de ambos legisladores compatriotas en el marco del conocido "Plan Cóndor".

Entienden además que la invalidación del pasaporte de Michelini y la requisitoria de Gutiérrez Ruiz, actos administrativos dispuestos días antes del homicidio de ambos legisladores, fueron necesarios para que los asesinatos pudieran ser perpetrados en Buenos Aires.

El escrito de ampliación de la denuncia, presentada originalmente en 1986, que fuera archivada por resolución del Poder Ejecutivo pero luego desarchivada a instancias de ambas familias, deberá pasar a vista de la fiscal en lo penal de 2º Turno, Mirtha GuianzLa ampliación de denuncia incluirá, entre otros aspectos, algunos documentos del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, que fueron desclasificados hace pocos años, así como otras pruebas que nunca llegaron a la Comisión para la Paz, junto a un alegato que contextualizará los asesinatos en el marco del "Plan Cóndor", por el cual, seis dictaduras de la región exterminaron opositores.

Los documentos que aportará la ampliación de la denuncia fueron incorporados, años atrás, en el expediente por la megacausa "Plan Cóndor", que instruyó en Buenos Aires el juzgado federal Nº 7 que estuvo a cargo del magistrado Rodolfo Canicoba Corral, que ahora está en manos del juez Guillermo Montenegro. El expediente penal instruido por Canicoba permitió procesar a numerosos militares argentinos, así como involucró a decenas de militares uruguayos. *

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8.2.- EL PAIS, 5-4-05, DIFERENCIAS ENTRE TÉCNICOS DE LA UNIVERSIDAD POR LAS EXCAVACIONES

Enviado por Alberto Hein Picó

Fecha de Envío: Martes, 05 de Abril de 2005 08:03 a.m.

Los antropólogos quieren directamente excavar, mientras que científicos priorizan el trabajo previo
Diferencias entre técnicos de la Universidad por las excavaciones Tampoco agradó que el Poder Judicial designara a Solla como perito judicial, con quien existen antiguos roces

Las excavaciones para comprobar si existieron enterramientos, motivaron enfrentamientos entre los científicos de la Universidad de la República por los diferentes enfoques con los que pretenden llevar adelante los trabajos en los establecimietos militares.

Según pudo saber El País se generaron inconvenientes en torno a quién dirigiría la investigación. Si bien siempre se pensó que la tarea sería supervisada por el ingeniero agrónomo Daniel Panario, grado 5 en
geomorfología en la Facultad de Ciencias, surgieron otras voces de parte de los antropólogos.

Las fuentes consultadas señalaron que se trata de un problema entre facultades, ya que de un lado están los antropólogos, de la Facultad de Humanidades y de otro, los científicos de la de Ciencias.

El senador Eleuterio Fernández Huidobro se refirió al asunto el domingo en el programa Código País de Canal 12, y dijo que uno de los problemas que tenía esta tarea es que se habían advertido discrepancias entre los científicos uruguayos.

Aunque la semana pasada el Poder Ejecutivo anunció luego de establecer el primer contacto entre los antropólogos argentinos y los uruguayosque esta semana ingresarían en el Batallón 13, el inicio de las tareas se retrasó.

Fuentes de Presidencia señalaron que aún no se sabe qué día se ingresará. Agregaron que estuvieron a punto de ingresar la semana pasada, pero que aúltimo momento se decidió dejar sin efecto la medida.

EXCAVAR O NO. Ambos grupos tienen posturas diferentes sobre por dónde iniciar los trabajos. Los antropólogos propusieron directamente empezar con las excavaciones, mientras que los científicos se proponen empezar con el trabajo de campo. Esa tarea empezará con una inspección ocular en el terreno, para hacer el reconocimiento del suelo, la determinación de los lugares a analizar, y el análisis mediante georadares y equipos de receptividad eléctrica.

Los científicos consideran que si se comienza directamente con las excavaciones se podría arruinar el trabajo posterior.

El equipo de Ciencias está integrado por el catedrático Panario y Ofelia Gutiérrez grado 2, en tanto el equipo de Humanidades lo conforman Elizabeth Onega también grado 2y José María López, junto a Alvaro Rico y Carlos Demassi.Los arqueólogos argentinos Luis Fonderbrider y Carlos Somigliana, que estuvieron en Montevideo la semana pasada, también están de acuerdo en empezar por el trabajo de campo antes de excavar. Fondebrider explicó que las excavaciones serían la última etapa de la investigación.

"Hay una serie de tareas previas que tienen que ver con el análisis de los terrenos. Lo que estamos haciendo es comenzar a conversar en nuestro grado de colaboración, la forma de organizar los equipos, las técnicas a utilizar, en el sentido de maximizar todos los recursos disponibles desde el punto de vista científico para poder tener algún tipo de información sobre la posible existencia de cuerpos en esos lugares", precisó.

Otra cosa que molestó al equipo de trabajo fue la designación del antropólogo Horacio Solla por parte del Poder Judicial. Entre el equipo de la Universidad de la República y el científico del Instituto Técnico
Forense, existe una antigua discrepancia.

"CONFIADOS". La ministra de Defensa, Azucena Berruti dijo ayer en el Edificio Libertad que no se referiría al tema, ya que es información que"el presidente ha dicho que sólo la puede dar él".

Al participar de los acuerdos con el mandatario, Berruti dijo que el tema está en manos del presidente, del Poder Judicial "y de científicos muy prestigiosos".

"Me parece que podemos estar tranquilos y confiados de que las cosas se están haciendo bien", dijo.

"Se trata de un tema que ha significado muchísimos años de dolor, de sufrimientos, y que las personas que han debido padecer esa situación, son ahora personas bastante mayores. Entonces, a veces una noticia que no se ha trabajado con el cuidado que la calidad del tema merece, provoca, en las personas que hace tanto tiempo que están esperando, infundadamente, un estado de inquietud", agregó.

Día y noche

Una vez que se inicien las tareas en el Batallón 13 y en caso de que los técnicos de la Universidad de la República comprueben que la tierra fue removida, trabajarán intensamente en el terreno para verificar si existieron enterramientos humanos. La tarea que será filmada las 24 horasrequerirá la presencia permanente de los científicos en el establecimiento. Por eso, entre los elementos de trabajo que necesitarán,
solicitaron una casa rodante con las comodidades para alojarlos a todos y permitirles permanecer en el lugar día y noche.

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REDH - Red Solidaria por los Derechos Humanos

Todo el material distribuido por REDH señala las fuentes de envío y autoría. REDH autoriza la redistribución de dicho material siempre que se respete y observe el mismo criterio.

Carlos D. PÉREZ
Coordinador General REDH
Red Solidaria por los Derechos Humanos