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Colombia: El Pueblo Uwa denuncia (23/9/00)
i) EL PUEBLO UWA DENUNCIA LA ACTUACION DE LAS TROPAS MILITARES RELACIONADAS
CON LA ACTIVIDAD DE LA OXY EN POZO GIBRALTAR.
El Pueblo UWA comunica al pueblo colombiano, a la Comunidad Internacional, a las organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana.
El día sábado 16 de septiembre del año en curso siendo las 7.30 a.m. arribaron cuatro helicópteros, tres de ellos artillados, más una avioneta militar que sobre volaban el área de exploración petrolera Pozo Gibraltar 1. Dos de estos helicópteros aterrizaron varias veces trayendo tropas militares al punto de exploración petrolera pozo Gibraltar el cual hace parte de nuestro territorio ancestral Uwa. Asimismo en este día nuestras propiedades privadas colectiva de Santa Rita y Bellavista fueron ametralladas varias veces por los helicópteros artillados. Algunos miembros de la comunidad U´wa que se encuentran concentrados en nuestras tierras, realizaban en esos momentos cacería y al escuchar estas ráfagas empezaron a correr hacia la casa atemorizados por este hecho, pues pensaron que se iba a practicar el nuevo desalojo.
El domingo 17 de Septiembre hizo presencia en nuestras fincas de Bellavista y Santa Rita, lugar de concentración de la comunidad U´wa el delegado nacional de la Defensoría del Pueblo RAFAEL CARO ESPITIA, la personera del municipio de Cubará y el personero de Cravo Norte y en una breve reunión sostenida con miembros de la comunidad U`wa dieron a conocer los hechos que se vienen presentando, tales como: Maltrato sicológicos, invasión del terreno donde estamos construyendo y sembrando, el contacto sexual violento a una mujer U´wa, al igual la restricción de ingreso del personal U´wa a nuestros predios.
El delegado de la defensoría del pueblo y los miembros de la Asociación de personeros se dirigieron a dialogar con el mando militar de las tropas acantonadas en Cedeño, mayor Sánchez del ejército nacional, donde se les da a conocer las denuncias que interpusieron la comunidad Uwa, quedando como compromiso el respeto mutuo y el libre tránsito del pueblo Uwa en su territorio.
Los Uwa exigimos respeto a nuestras tierras ancestrales porque hemos demostrado al gobierno el pasado 14 de septiembre que son nuestras, de acuerdo a los títulos coloniales expedidos por la Corona Española de : El cocuy, Chita, Salinas, Sacama, Guacamayas, Chiscas, Gúican, Panqueba, Chinacota, y Labateca, con sus respectivos mapas. Resguardos que actualmente se encuentran en jurisdicción de los departamento de Casanare, Boyacá, Arauca, Santander y Norte de Santander . Asimismo se entrega sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia y del Honorable Consejo de Estado, donde se reconoce el derecho al suelo y al subsuelo que le asiste a los resguardos indígenas creados por la Corona Española. Por otra parte se entrego Cédula Real de protección de indios expedidos por el Rey de España en el año de 1.861. Documentos con los cuales se reafirma el derecho que nos asiste a nuestras tierras ancestrales y sagradas heredadas de nuestros ancestros.
Exigimos al gobierno nacional respetar estos títulos milenarios donde se demuestra que somos los legítimos dueños de estas tierras y lógicamente dueños del suelo y del subsuelo. Sabemos que el gobierno tiene conocimiento absoluto de la existencia de estos documentos históricos y que fueron entregado el día 14 de septiembre cuando nos levantamos de la mesa de esclarecimiento formalizada el día 17 de julio por el señor Ministro del Interior. Doctor. HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA.
A la fecha el gobierno a continuado con sus oídos sordos y de forma contraria ha militarizado nuestro territorio ancestral en el área de exploración y explotación petrolera Gibraltar 1, con el único objetivo de desalojarnos forzosamente y transportar la maquinaria hacia las locaciones.
El pueblo Uwa vemos que el gobierno no tiene buenas intenciones y de una forma malsana esconde todas aquellas pruebas que la comunidad indígena U’wa tiene para exigir el respeto a nuestro territorio ancestral y legalmente constituido. Las políticas de los gobiernos de turno solo nos han demostrado engaños y contraria a los intereses de los pueblos indígenas y del pueblo colombiano en general.
AUTORIDADES TRADICIONALES UWA
20 de septiembre de 2000
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ii) LIBERADOS PARTE DE LOS INDIGENAS RETENIDOS EN EL ALTO SINU
Luego de cinco días de penosa retención por parte de un grupo
al margen de la ley fueron liberados en la mañana de hoy los Indígenas
Êbêra Katío del Alto Sinú plagiados desde el día
16 del presente mes en el sector de Bocas de Río Verde. De otros Indígenas
retenidos en Comunidades de Río Verde no se conoce su suerte hasta el
día de hoy. El grupo armado desconoció en todo momento a nuestras
autoridades tradicionales y manifestó que no desocuparán nuestro
territorio hasta tanto no hayan cumplido con su trabajo.
Dejamos claridad que hasta la fecha ninguna institución se ha apersonado del caso o se ha pronunciado, no hemos tenido ninguna respuesta oficial ni visita de organismos que nos garanticen el regreso con vida de nuestras autoridades y de los miembros de nuestras comunidades. No sabemos en que lengua hablar para que se nos oiga.
La comisión Êbêra
que se desplazó a la zona del plagio, cuando se estaba aproximando a
las Bocas de Río Verde encontraron que los Êbêra retenidos
ya podían desplazarse a sus Comunidades, pero no tenían el medio
de transporte disponible para llegar al encuentro de sus familias.
El gobierno nacional no ha cumplido el acuerdo firmado el 19 de Abril del presente
año donde éste se compromete a tomar medidas sobre derechos humanos.
¿A quién corresponde entonces, quién tiene como función
garantizar nuestros derechos según la Constitución y las leyes
de la nación colombiana de la cual formamos parte?
A las organizaciones nacionales
e internacionales que han sido solidarias con nuestra lucha para pervivir como
pueblos diferentes los invitamos a que vengan a acompañarnos, a que no
permitan que este etnocidio continúe.
Tierralta, 20 de Septiembre del 2000
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iii) EMERGENCIA EN DERECHOS HUMANOS DE LOS SINDICALISTAS COLOMBIANOS ANTE
LOS ATENTADOS CRIMINALES CONTRA DIRIGENTES SINDICALES
El día 19 de septiembre del 2000, en la ciudad de Cali, el compañero RICARDO HERRERA, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali -SINTRAEMCALI, fue víctima de un atentado por hombres que con arma de fuego, le intentaron asesinar.
En este hecho criminal, resultó gravemente herido el obrero y activista sindical también de SINTRAEMCALI, OMAR NOGUERA, quien le prestada solidariamente seguridad al compañero Ricardo Herrera.
SINTRAEMCALI ha emprendido una fuerte denuncia contra los corruptos, aportando pruebas contundentes contra los responsables del saqueo de las Empresas Municipales de Cali, empresa de servicios públicos más importante de sur occidente colombiano, patrimonio de los caleños.
Estos sujetos corruptos hoy quieren vender la empresa a los particulares, argumentando que no es viable como negocio para el Estado y la ciudad.
Por ésta razón noble del sindicato de luchar contra los corruptos y no permitir la privatización y la venta de la empresa, han sido víctimas de varios planes de atentados contra su vida, entre los cuales fueron develados los que pretendían quitarle la vida a su presidente, el compañero Alexander López Maya, quien se vió obligado a salir del país para proteger su vida.
De este hecho criminal contra SINTRAEMCALI, sus dirigentes activistas y trabajadores, quien tiene la responsabilidad es el Estado con el Presidente de la República a la cabeza, doctor Andrés Pastrana Arango, quien no asume la responsabilidad política de proteger los derechos fundamentales de la dirigencia sindical colombiana.
El día 4 de septiembre de 2000, le entregamos a la Presidencia de la República, la solicitud de que asuma la responsabilidad de garantías para nuestra actividad sindical. A nosotros nos están asesinando y el señor Presidente Pastrana, sólo se ocupa de buenos discursos internacionales y que está garantizando los derechos humanos, pero la realidad es otra, los más de 50 asesinatos en lo transcurrido del año 2000 y un total de más de 3000 desde la existencia de nuestra Central, con un 99.9% de impunidad, le deja claro al mundo qué sucede con los defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales en Colombia.
Santafé de Bogotá, 21 de septiembre de 2000
Jesús Antonio González Luna, Director del Departamento de Derechos Humanos y Domingo Tovar Arrieta, Director del Departamento de Organización.
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